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C.N.
Martes, 10 de marzo 2015, 10:38
La sentencia del Tribunal Supremo ha caído de forma desigual entre el colectivo de afectados por Levalta, que se debaten entre el escepticismo y la alegría contenida. Han pasado muchos años desde que sellaron el contrato de compraventa de sus viviendas sobre plano y eso les ha aportado una buena dosis de incredulidad.
No obstante, en líneas generales, creen que el Tribunal Supremo ha abierto una nueva vía que era «necesaria y lógica». Quien así lo dice es Marian San Juan, una de los cientos de personas que en su día compraron sus pisos en La Rioja y ahora se encuentran sin ellos y con una deuda de por vida.
Sus circunstancias son, a grandes rasgos, similares a las que han vivido el resto de afectados, aunque en su caso personal, todo comenzó con la ilusión de comprar una casa nueva. Entonces tenía un negocio que funcionaba bien, que le permitía incluso tener en nómina tres empleadas. Con la crisis llegaron las dificultades. Lo peor fue que los bancos no le concedían el préstamo hipotecario con el que hacer frente al pago de su nueva vivienda.
Todo se juntó. Las ventas en su establecimiento también bajaron y la deuda que tenía con Levalta le obligó a despedir a sus tres trabajadoras. El juez declaró improcedente el despido porque el negocio, aunque a menor ritmo, funcionaba, pero «no me la podía jugar porque estaba amenazada de embargo por Levalta», lamenta.
Además, «para comprar mercancía para la temporada en una tienda necesitas mucho dinero», añade.
La situación empeoró sin remedio y el banco con el que tenía contratada la hipoteca de la primera vivienda se quedó con el piso porque, dice, tuvo que dejar de pagar el préstamo. «No tenía dinero», sentencia.
Un antes y un después
En su vida, asegura Marian, Levalta ha marcado un antes y un después y aunque esta constructora no se ha quedado con su casa, «todo ha explotado por ellos», lamenta.
Como en la mayoría de los casos, Marian San Juan también pasó un periplo judicial. Al no poder escriturar su vivienda, la constructora la llevó a juicio. Después de años de litigio, tanto en primera instancia como en la Audiencia después de recurrir, la Justicia le ha condenado a seguir pagando un piso que en su caso desconoce si continúa en manos de la promotora o si por el contrario esta le ocultó el dato en algún momento del proceso judicial por el que atravesó.
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