Secciones
Servicios
Destacamos
C. NEVOT
Viernes, 6 de marzo 2015, 00:15
La Fiscalía no actuará penalmente contra el presidente del PR+, Miguel González de Legarra, por las declaraciones que efectuó en una rueda de prensa en la que denunció agresiones físicas y verbales habituales por parte del personal que trabaja en el Centro de Menores Virgen ... de Valvanera. El Ministerio Público no emprenderá ninguna acción a pesar de que sostiene que las acusaciones han resultado ser falsas y que quien las realizó «sólo pretendió imputar delitos, haciéndolo con dolo y consciencia», lo cual, a su entender, constituye un delito de calumnia hecho con publicidad.
En un decreto hecho público ayer, el fiscal superior, Enrique Stern, matiza que la Fiscalía sólo puede imputar un delito en los supuestos en los que la persona calumniada fuera funcionario o autoridad. Y dado que no es el caso, precisa, «debe abstenerse de interponer cualquier género de acción penal». No obstante, deja la puerta abierta a futuras actuaciones y emplaza a las personas ofendidas a que, «si a bien lo tienen», acudan a los tribunales.
En el documento, el fiscal detalla que a raíz de las «gravísimas» afirmaciones vertidas por González de Legarra, se comprobó que sobre el centro de menores se han abierto cinco diligencias judiciales, todas ellas relacionadas con el mismo menor, y sólo dos continúan abiertas. La primera, a instancias del padre, contra la directora del centro y la otra, la de la Fiscalía contra la progenitora del menor por coacciones contra el personal de la institución. Por tanto, «no es cierto que existan varias denuncias», concluye.
Respecto a la acusación sobre los «cacheos con desnudo integral», el fiscal señala que de la propia denuncia se desprende que es falsa y que ni se cacheó al menor ni se quedó desnudo a la vista de nadie, puesto que se le dio una bata hospitalaria y el examen se limitó a la ropa. También concluye que es falso que se extrajera sangre sin autorización de los padres y que no queda acreditado que se cometiera ninguna agresión contra el menor.
Para Stern, es «sorprendente» que se esté imputando «de forma tan gratuita a un colectivo tan amplio de instituciones», ya que «en los más de diez años de existencia del centro, jamás, ni los distintos jueces de menores de Logroño, ni ninguna de las fiscales, pese a las frecuentes visitas y entrevistas a solas y reservadas con los menores, han recibido la menor queja en el sentido apuntado».
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.