Educación impone un control externo a Serunión en los comedores escolares

Así lo confirmaron a Diario LA RIOJA fuentes del departamento educativo, que aseguran que la medida será efectiva de forma inminente y, al menos, hasta fin de curso. Serunión es la adjudicataria de comedor escolar en los colegios públicos -atiende 71 centros en La Rioja con una plantilla de 452 personas- y, además del caso de la aparición de las larvas en las alubias del comedor del centro de Navarrete, se vio envuelta en León y Segovia en un problema similar, aunque en la Comunidad vecina se detectaron gorgojos en hasta seis centros escolares.

Castilla y León ha resuelto ya el expediente a la empresa con importantes multas de 90.000 euros por parte de la Consejería de Sanidad y otros 45.000 euros de la Consejería de Educación (casi 135.000 en total). La Junta castellana justifica la sanción en que «se produjo un error en los sistemas de autocontrol» que está obligada a seguir la empresa como adjudicataria de este tipo de servicios públicos.

En La Rioja, a falta de la resolución del expediente administrativo, que podría cerrarse a finales de esta misma semana, de momento lo que se ha decidido es incrementar los controles imponiendo a Serunión la evaluación de una empresa externa, además de sus propios exámenes internos y los que lleva a cabo también la Consejería de Educación.

La medida adoptada va en línea con lo avanzado en su momento por el Gobierno regional, después de que el caso saltase a la opinión pública tras su publicación en Diario LA RIOJA: «El Gobierno de La Rioja va a reforzar la auditoría y el control de la comida que se sirve en los comedores escolares de los centros públicos, sin perjuicio de los controles de auditoría que lleva a cabo la propia concesionaria, con controles externos que extremen las garantías de la prestación del servicio y, además, por parte de la Inspección de la Dirección General de Salud Pública y Consumo», advertía el Ejecutivo a primeros de noviembre. Queda pendiente así la resolución del expediente administrativo y si, como en el caso de la Comunidad vecina -en León, por cierto, se renovó el contrato con Serunión hasta el 2017 mientras se tramitaba el expediente- se zanja el tema con sanciones.