Piden 44 años de cárcel y un millón de euros para el clan de los Altimasveres por blanqueo de capital

Eso es lo que solicita la Fiscalía en un extenso y denso escrito de acusación, en el que asegura que los diez procesados -que son cinco matrimonios- constituyen un clan asentado en el logroñés barrio de Varea que se dedicaba «de manera continua y persistente» a la venta y distribución de heroína y cocaína, en su mayoría a consumidores finales que residían en Navarra y en La Rioja.

Los acusados, añade el fiscal, utilizaban a personas de nacionalidad portuguesa, tanto para hacer las entregas de dichas sustancias como para almacenarlas, siempre distribuidas en pequeñas cantidades y repartidas entre las numerosas casas propiedad del clan. No sólo ahí, también ocultaban la droga en distintos agujeros realizados en fincas y huertas próximas a los domicilios de los acusados en el barrio de Varea, de esa forma evitaban cualquier actuación policial. En los últimos años, agentes de la policía habían efectuado numerosos registros en los domicilios de todos los miembros del clan, les habían detenido en varias ocasiones y ya habían sido condenados con anterioridad por delitos contra la salud pública, receptación y asociación ilícita.

Salvo tres miembros del clan, todos ellos cuentan con un amplio historial delictivo y numerosos antecedentes policiales y judiciales. Especialmente extenso es el de F.A.M., considerado el cabecilla de la red y el patriarca del clan, que fue condenado por falsedad documental al hacer aparecer a terceras personas como adquirientes y propietarias de los vehículos comprados y utilizados por el clan Altimasveres y que les servían para la venta de sustancias estupefacientes. Todos ellos se dedicaban en exclusiva a esta actividad, lo que les permitía llevar un tren de vida que sorprende y no es posible en personas que no trabajan.

Las ganancias de lo obtenido con la venta de las drogas las utilizaban en beneficio propio y se traspasaban entre sí de forma constante las cantidades ingresadas en las cuentas de las que eran titulares. De hecho, la Agencia Tributaria en un examen de las actividades patrimoniales ha detectado con habitualidad la denominada 'confusión patrimonial', que consiste en que el patrimonio de los miembros del grupo familiar ha sido transferido entre ellos sin aparente justificación, aunque sólo el patriarca hacía las disposiciones en efectivo y cancelaba préstamos hipotecarios.

El pago de las sustancias estupefacientes se realizaba en ocasiones con vehículos, joyas y otros objetos de ilícita procedencia. En concreto, desde el 2004, la familia tiene imputaciones de gastos y disposiciones en efectivo no justificados valorados en 268.937,35 euros detectándose la mencionada 'confusión patrimonial'. La mayor partida de gastos e ingresos no justificados se la atribuye el fiscal a la unidad familiar formada por el F.A.M. y su mujer M.R.G.G., una cantidad que ascendía a 122.647,69 euros, dinero procedente la venta de droga.

El matrimonio integrado por C.A.M. y A.G.M tenía un desfase de 52.638,07 euros; M.L.A y su marido L.G.A. presentaban un desfase en las cuentas de 52.852,33 euros. A la pareja integrada por Y.A.M y L.G.G. las cuentas no les cuadraban por 28.727,30 euros; y el desfase de M.M.A. y P.A.G. era de 7.124,68 euros. Estos últimos eran los padres del cabecilla de la red, que había asumido este papel, así como el de patriarca del clan, al encontrarse P.A.G. en prisión por otros delitos.