Las bodegas, preocupadas por la respuesta ministerial, discrepan del criterio seguido

José Luis Benítez, gerente del Grupo Rioja, no oculta que la respuesta del Ministerio a la Federación Española del Vino (FEV) ha pillado por sorpresa a las empresas y que puede causar importantes trastornos: «Se le hizo una consulta oficial sobre si la uva para transformación debía ser considerada como producto fresco o no perecedero para hacer las cosas lo mejor posible y la respuesta ha sido sorprendente». En este sentido, Benítez recuerda que «desde el Grupo Rioja hicimos consultas jurídicas externas sobre qué criterio aplicar y las respuestas fueron que, cuando la uva es para transformación, no tiene por qué considerarse fresca». «Lo mismo sucedía -continúa- con el momento en que se inicia el plazo para contabilizar el pago: nosotros creemos que es desde que la uva tiene valor, es decir, desde que el Consejo Regulador la ampara y no desde que se entrega; así lo entienden los abogados con los que hemos hablado y así se lo transmitimos a nuestros asociados».

Sobre la situación que se crea con la respuesta de la Agencia de Información y Control Alimentarios, Benítez reconoce que «una decisión así podría acabar cerrando bodegas», aunque considera que el tema se aclarará finalmente y se «rectificarán los criterios». El gerente del Grupo Rioja quiere dejar claro en cualquier caso que «han sido las bodegas las que han dado el paso para hacer los contratos».

Los viticultores

La noticia de la respuesta de la Agencia sobre los plazos de pago era desconocida por las asociaciones de productores. José Antonio Torrecilla, secretario técnico de ARAG-Asaja, señala que «hay que cumplir la ley». El portavoz de Asaja asegura que «había en Rioja más contratos de lo que se piensa, por ejemplo todas las cooperativas lo hacían con el vino, pero es cierto que también ha habido muchos casos en que no se garantizaban los plazos de pago a los viticultores». Torrecilla señala que «una buena relación comercial se produce cuando alguien paga en un plazo razonable», aunque sobre los 30 días que ahora marca el Ministerio se muestra flexible: «Si hay entendimiento, y la ley garantiza que no hay abuso, también las partes deberían tener la posibilidad de acomodarse».

Luis Torres, coordinador sindical de la UAGR, recuerda que «nosotros dijimos ya en el 2013 que la uva debería pagarse a 30 días como producto fresco; la ley es clara y ahora hace falta que se cumpla, por lo que valoramos que haya voluntad política para ello». Torres sostiene que los contratos por escrito, con precio y plazo, «no son una revolución, pero sí muy importantes para el sector agrario». «Rompen una situación histórica de debilidad y, si se pone en marcha un observatorio como está previsto, pueden ser muy importantes para dar estabilidad al sector». «La trasparencia -continúa- es mejor para el conjunto del sector que la opacidad que había hasta ahora».

En similares términos se expresa Eusebio Fernández, secretario general de UPA: «El éxito de esta ley, para terminar con las prácticas abusivas, es que el Ministerio se la tome en serio y parece que lo está haciendo». «Veremos qué sucede en el futuro porque ésta es una campaña especial, con demanda de uva y vino, y lo que hace falta es que se controle que, efectivamente, se hacen contratos y se cumplen en todas las circunstancias». Sobre el pago a 30 días, Fernández entiende que «no es lo más importante y tampoco se puede pasar del blanco al negro con lo que está 'lloviendo'».