Grecia rechaza la prórroga de cinco meses porque exige medidas recesivas

La propuesta de las instituciones proponía a Grecia extender el segundo rescate a cambio de recibir unos 15.500 millones de euros que le permitiesen hacer frente a sus obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

En concreto, Grecia podría contar con unos de 12.000 millones de euros, de los que 1.800 millones de euros provendrían del fondo de rescate de la eurozona, otros 1.800 millones de los beneficios de los bonos griegos y unos 8.700 millones de euros de la reserva de la eurozona para la recapitalización de la banca griega.

Además, el FMI desembolsaría unos 3.500 millones de euros. "Esta cantidad de dinero es insuficiente" pues ni siquiera prevé el desembolso de los 7.200 millones pendientes del rescate, cuando el Estado griego, en cambio, ha cumplido todas sus obligaciones con los acreedores internacionales, especialmente con el FMI, dijeron las fuentes griegas.

Todo ello, recalcan las fuentes, "sin haber recibido ni un solo euro" del rescate pendiente. Subrayaron que la propuesta "no prevé ni siquiera un mínimo de liquidez del que pueda disponer el Estado griego".

Además, el Gobierno plantea que la oferta no contempla que Grecia deberá seguir pagando en el futuro al FMI, sin que vaya a recibir nuevos tramos de este organismo, "dada la negativa del FMI a desembolsar los tramos previstos en el préstamo, pues considera que la deuda griega no es sostenible".

Según estas fuentes, el plan de los acreedores, "incluso dejando a un lado las medidas que provocan recesión, crea una brecha financiera en el periodo de los cinco meses de prórroga que conduce a nueva negociación dura y a nuevo memorando (programa de rescate) desastroso al final del año".

Las fuentes recalcaron que, en cambio, el Ejecutivo de Alexis Tsipras presentó "una propuesta lógica para reestructurar la deuda y resolver el problema de liquidez" y cita el ejemplo de la transferencia de la deuda desde el BCE al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), una medida que las instituciones rechazaron. "El Gobierno no tiene el mandato popular ni tampoco el derecho moral de firmar un nuevo memorando (programa de rescate)", apuntaron las fuentes.