La ONU denuncia una «limpieza étnica y religiosa despiadada» del Estado Islámico en Irak

Pillay ha recordado que tales acciones "suponen crímenes contra la humanidad", por lo que ha instado a la comunidad internacional a actuar para que los responsables de tales "crímenes crueles" no queden en la impunidad. "Cualquier individuo que perpetre o ayude a cometer crímenes internacionales debe responder conforme a la ley", ha apostillado.

Ejecuciones sumarias

En concreto, la agencia de la ONU que dirige Pillay, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado casos de asesinatos, conversiones forzosas, secuestros, esclavismo, abusos sexuales y destrucción de lugares de importancia religiosa o cultural contra comunidades como la turkmena, la cristiana y la shabak, y particularmente contra los yazidíes.

Así, denuncia por ejemplo la ejecución de 670 presos no suníes de la cárcel de Badoush, en Mosul, tras la toma de la ciudad por las milicias del Estado Islámico. Entre 1.000 y 1.500 presos fueron sacados de la prisión el 10 de junio por milicianos yihadistas, según han relatado 20 supervivientes de la matanza y 16 testigos presenciales que han podido ser entrevistados. Ya en una zona deshabitada, pidieron a los suníes que se apartaran e interrogaron uno a uno a un centenar de ellos de los que sospechaban que habían mentido. Tras llevarse a los suníes, los yihadistas empezaron a insultar y a gritar a los restantes presos, los alinearon en cuatro filas, les ordenaron arrodillarse y finalmente los ejecutaron.

"Este tipo de asesinatos de civiles a sangre fría, sistemáticos e intencionados tras discriminarlos por su religión podrían ser constitutivos de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad", ha subrayado Pillay.

Asediados y desplazados

La responsable de la ONU ha mencionado además las matanzas de yazidíes, miles de ellos secuestrados en Nínive a principios de agosto y obligados a convertirse al islam. Entre quienes se negaron, los hombres fueron ejecutados y las mujeres y niños fueron convertidos en esclavos y entregados a milicianos o amenazados con ser vendidos. La misma práctica fue detectada en la región del sur de las montañas de Sinyar el 15 de agosto.

Como consecuencia de esta persecución, miles de personas necesitan ayuda humanitaria urgente, como los aproximadamente 13.000 turkmenos, seguidores de la rama chií del islam, de Amirli, en la provincia de Salahudín, localidad que está asediada por los yihadistas desde el 15 de junio.

También necesitan ayuda urgente miles de cristianos, turkmenos y shabak que huyeron de Mosul y otras ciudades de la provincia de Nínive ante el avance del Estado Islámico y que ahora viven en muy malas condiciones en la región del Kurdistán.

"El Gobierno de Irak, la región del Kurdistán y la comunidad internacional deben adoptar todas las medidas necesarias y no escatimar ningún esfuerzo para proteger a los miembros de las comunidades étnicas y religiosas que son especialmente vulnerables y garantizar su regreso a sus lugares de origen con seguridad y dignidad", ha afirmado Pillay.

No sólo el Estado Islámico

Pillay ha indicado que el Estado Islámico no es el único responsable de violaciones de Derechos Humanos y ha mencionado el "creciente número de asesinatos de civiles" en zonas del país que no están bajo control del Estado Islámico. Así, recuerda que en Basora (sur) fueron asesinados 19 suníes tras ser secuestrados por individuos no identificados y que en Diyala decenas de suníes (65 según el último balance) fueron asesinados en una mezquita.

En la capital, Bagdad, aparecen cada día unos 15 cadáveres de personas maniatadas y ejecutadas y también hay informaciones que apuntan a civiles muertos debido a los bombardeos del Ejército iraquí en las provincias de Nínive y Anbar.

"Todas las partes implicadas en el conflicto tienen la responsabilidad de no atacar a los civiles, de adoptar todas las precauciones posibles para evitar que los civiles sufran las consecuencias de las hostilidades y de respetar, proteger y satisfacer las necesidades humanitarias básicas de la población civil", ha subrayado Pillay.