Lula da Silva, en libertad tras ser interrogado por corrupción

La Policía brasileña ha llevado este viernes a declarar a Lula da Silva y ha allanado su domicilio para investigar si es culpable de corrupción y lavado de dinero. "Estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ventajas para conseguir acciones dentro del Gobierno. Eso aún es una hipótesis", ha dicho a los periodistas el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, a cargo de la investigación.

El fiscal sostiene que cerca de 30 millones de reales (unos 8 millones de dólares) fueron pagados a Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, en forma de donaciones u honorarios por conferencias por grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras. "Los favores son muchos y difíciles de cuantificar. Es más fácil cuantificar las obras en el tríplex y las obras en la finca", ha señalado en referencia a dos propiedades que la fiscalía sospecha fueron pagadas por constructoras en beneficio de Lula.

El fiscal ha precisado que las grandes constructoras involucradas en el fraude a la petrolera hicieron el 60% de las donaciones recibidas por el Instituto Lula del exmandatario, por un total de 20 millones de reales entre 2011 y 2014. Seis constructoras hicieron pagos de 10 millones de reales, que representan el 47% de los ingresos de la empresa LILS Palestras, propiedad de Lula. Las empresas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y UTC. "No hay nadie exento de investigación en el país (...) Lula no tiene fueros privilegiados", ha asegurado Lima.

"Agresión al Estado de Derecho"

El Instituto Lula del exmandatario sostiene que las acciones policiales de este viernes representan "una agresión al Estado de Derecho". "La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña", ha señalado el Instituto en un comunicado. La acción de la Policía "es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema", ha agregado.

Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la Policía federal del aeropuerto de Congonhas, donde Lula declaraba desde las 11.00 GMT, algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se han enfrentado a golpes.

Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar "están siendo ejecutados por la Policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados", ha apuntado la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera. "Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte", subraya la fiscalía en un comunicado.

Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los inmuebles fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras. "Creemos que la finca es realmente del señor Luiz Inacio", ha señalado el fiscal Lima.

La mayor investigación anticorrupción de la historia

Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y al del partido que fundó, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

La 'Operación Lava Jato' que desvió más de 2.000 millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.

Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.

El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista 'IstoÉ' encendió la ira del Gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada de que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su Gobierno.