El futuro son las energías renovables

A partir del año 2010, bajo el pretexto de la crisis económica y de la sostenibilidad económica del sistema eléctrico (déficit tarifario), las primas para la fotovoltaica se fueron reduciendo por sucesivas normas sin llegar, sin embargo, a acometerse una reforma estructural de la ordenación del sector. Finalmente, en el año 2013 el Real Decreto Ley 9/2013, derogó el anterior sistema de primas estableciendo un nuevo régimen retributivo, el cual ha supuesto un recorte en la primas de 1.700 millones de euros. Lo más relevante es que todas estas modificaciones, incluido el nuevo modelo instaurado en 2013, se aplican a las instalaciones ya construidas lo que ha puesto en cuestión la viabilidad de las previsiones de recuperación de las inversiones, causando un grave perjuicio a las empresas del sector como ha ocurrido, por ejemplo, con la empresa Abengoa.

En el plano nacional, los productores han recurrido sin éxito las medidas que modifican el sistema de fomento previsto inicialmente ante el Tribunal Supremo y muchas Comunidades Autónomas lo han hecho ante el Tribunal Constitucional. Además, muchos fondos de inversión internacionales y compañías energéticas han cursado las correspondientes demandas de arbitraje internacional contra el Estado español. Estas reclamaciones básicamente están fundamentadas en el Tratado sobre la Carta de la Energía, firmado en Lisboa el 14 de diciembre de 1994, que protege a los inversores de países del primer mundo de cambios en los marcos jurídicos. Con la reciente aprobación del Acuerdo de París sobre cambio climático, queda patente la necesaria apuesta que en materia de energías renovables se debe hacer. Estas tecnologías juegan un papel clave en la reducción de los gases de efecto invernadero, pero sin la existencia de un marco normativo que promueva y que no penalice su utilización, no es posible cumplir con el compromiso adquirido.

Consecuentemente, el Gobierno que salga en la próximas elecciones tendrá que plantearse apostar por las energías renovables, pues el giro que ha supuesto el cambio de política en el terreno de energías renovables en los últimos años, va en contra de la diversificación energética y del cumplimiento de los objetivos en la materia consensuados en diversos ámbitos.