Educación, más lejos del consenso

El balance de la legislatura en materia educativa está marcado por la aprobación en 2013 de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Esta ley no solo no afronta la mayoría de problemas fundamentales de la educación en España, sino que, posiblemente, los agravará. Tiene, a mi juicio, elementos discutibles en diferentes planos:

1. Concibe la educación, fundamentalmente, como un medio para formar trabajadores que puedan «competir con éxito en el ámbito del panorama internacional». En esta lógica, el desarrollo de dimensiones como el pensamiento crítico, las habilidades artísticas o las competencias psicomotrices quedan arrinconadas. La visión unívoca del éxito como algo individual y mercantilista excluye no solo otras visiones del sistema educativo, sino también otras maneras de concebir el ser humano y la vida en sociedad.

2. Facilita la extensión de la educación privada concertada. Es previsible que esta ampliación incremente la segregación según origen socioeconómico de los estudiantes, ya de por sí muy elevada en España en relación con otros países de la OCDE. Esta segregación tiene efectos negativos, por un lado, en las oportunidades de éxito académico de la parte más vulnerable del alumnado, y por otro, en la configuración de la escuela sostenida con fondos públicos como un espacio de convivencia entre personas de diferentes orígenes económicos y culturales.

3. Establece varias pruebas externas en primaria y secundaria cuyos efectos sobre la calidad de la educación son inciertos. En cambio, es esperable que esta proliferación de barreras académicas aumente el estrés de estudiantes y profesores, limite las posibilidades de innovación educativa y reduzca la equidad al incrementar las dificultades del alumnado con menos recursos.

4. Mejora la posición de la Iglesia Católica en la educación, al reforzar el papel académico de la asignatura de Religión Católica.

5. Aumenta significativamente el poder de los/las directores/as en detrimento de la participación de docentes, estudiantes y familias en las escuelas. Fomenta, asimismo, una competitividad entre centros que no ha demostrado mejorar la calidad educativa.

6. Es una ley diseñada con escasa participación de los agentes implicados y aprobada con el único apoyo del partido en el gobierno. Supone un alejamiento del tan demandado pacto de Estado por la educación.

7. No aborda asuntos que requieren atención prioritaria. Por ejemplo: la mejora en la selección y formación del profesorado; el refuerzo de la etapa educativa 0-3 años; la potenciación de la compensación de las desigualdades de origen; la adecuación de las ratios de alumnos por profesor a criterios educativos y de bienestar; o la eliminación de barreras económicas y culturales en el acceso a centros concertados.