Gobierno e interlocutores sociales sellan el primer acuerdo de la legislatura

La medida forma parte de un programa de activación para el empleo que se prolongará hasta el 15 de abril de 2016 y será compatible con contratos que permitan integrar programas formativos que faciliten la reinserción laboral.

El último acuerdo a tres bandas entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos UGT y CC OO se firmó el 9 de mayo de 2006, todavía con el PSOE. Entre otros aspectos de aquella reforma destacaban la limitación de la contratación temporal, las bonificaciones al empleo indefinido o la reducción de las cotizaciones empresariales por desempleo.

Un largo tira y afloja

Tras ganar las elecciones generales de noviembre de 2011, el PP se fijó como uno de sus principales objetivos la recuperación del empleo que a finales de ese año contaba con cinco millones de parados.

Para revertir esta situación, el 26 de diciembre de 2011 la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, trazó las líneas básicas de la reforma laboral que pretendía llevar a cabo, que pasaban por romper con la dualidad del mercado de trabajo entre fijos y eventuales, promover la flexibilidad interna en las empresas e incentivar la formación de los trabajadores y de los parados.

El 30 de noviembre anterior, el presidente Rajoy se había reunido con los agentes sociales para instarles a llegar a acuerdos antes de mediados de enero de 2012, con el fin de presentar propuestas conjuntas sobre la reforma laboral que su Gabinete tenía previsto aprobar en el primer trimestre de ese año.

El 10 de enero de 2012, la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT cerraron una serie de acuerdos que trasladaron al Gobierno sobre cuestiones relacionadas con jubilaciones anticipadas y prejubilaciones, solución extrajudicial de conflictos, absentismo y mutuas, formación profesional, traslado de días festivos y reposición de prestaciones en expedientes de regulación de empleo. No hubo consenso en materias relacionadas con contratación, intermediación y flexibilidad interna. Tampoco sobre la creación de un fondo de capitalización de los trabajadores y la tramitación de las altas y bajas de incapacidad permanente por parte de las Mutuas.

El 10 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley "de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral" que, entre otras cuestiones, generalizaba la indemnización de 20 días por despido, creaba un nuevo contrato indefinido para las pequeñas y medianas empresas, limitaba a dos años la prórroga de los convenios y cifraba en 9 meses la caída de ventas o ingresos que justificaban el despido objetivo. Este decreto ley entró en vigor en febrero de 2012 y los sindicatos respondieron con la convocatoria de una huelga general de 24 horas, el 29 de marzo.

A lo largo de 2013, Rajoy se volvió a reunir con empresarios y sindicatos el 12 de marzo con motivo de la presentación de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, dotada con 3.500 millones de euros, que incluía como medida destacada la implantación de una tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social para menores de 30 años y nuevos autónomos.

El 16 de mayo tuvo otro encuentro con las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT para negociar en materia de protección social, empleo y Seguridad Social, sin acuerdo.

El 13 de septiembre de 2013, el Gobierno aprobó la reforma de las pensiones, con una actualización desligada del IPC, y el 19 de diciembre el Congreso aprobó definitivamente el proyecto de ley de reforma de las pensiones sin lograr concitar el consenso de la oposición ni el respaldo de sindicatos y empresarios.

El último acuerdo entre patronal y sindicatos, firmado el 9 de febrero de 2010 y vigente hasta 2012, establecía subidas de entre el 1% y el 2% para este año y de entre el 1,5% y el 2,5% para 2012. Este Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2010-2012) fue prorrogado por ambas partes hasta 2014