La justicia reactiva las pesquisas sobre la 'lista Falciani'

El exinformático del HSBC Hervé Falciani sustrajo datos de 130.000 clientes de dicha entidad de ellos, alrededor de 1.500 tendrían nacionalidad española- y, tras intentar venderlos fuera, finalmente los entregó a las autoridades francesas en 2009 para buscar su protección. Estas remitieron en diciembre de ese año a sus homólogas españolas la parte que afectaba a ciudadanos de este país, e hicieron lo propio con otros países como Alemania.

Con esa información, Hacienda intentó en junio de 2010 que los titulares de unas 660 cuentas regularizaran su situación (multas incluidas), a cambio teóricamente de eludir posibles responsabilidades penales. Con ello recaudó 260 millones de euros y entre los beneficiados por ese ofrecimiento estaba la familia Botín. Pero a la Agencia Tributaria no le casaron las cuentas respecto a lo que esperaba recaudar, por lo que sospechó que se habían producido omisiones e incluso irregularidades optando al final por mantener abiertos algunos expedientes.

Para quienes no se acogieron a esa especie de semi-amnistía, la propia Agencia y la Fiscalía Anticorrupción iniciaron otra investigación. Esta pudo contar, además, con la colaboración del propio Falciani tras ser detenido en España en julio de 2012 y rechazarse su extradición a Suiza para ser juzgado allí (la vista oral contra él por presunta apropiación indebida de datos y espionaje financiero estaba prevista para este mismo mes, aunque el exinformático no piensa acudir). Su información, según fuentes jurídicas, terminó siendo decisiva por lo que se le concedió el estatus de testigo protegido y contó con protección policial durante sus estancias en el país.

Varias macrodenuncias

Finalmente, la Fiscalía presentó tres macrodenuncias en julio de 2013 contra unos 225 evasores de impuestos que figuraban en la polémica lista, separándolas por razones fiscales (fuero) entre el País Vasco, Navarra y el resto de España. Se les acusaba de presuntos delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales y son precisamente esas pesquisas las que ahora ha reactivado el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata.

A instancias suyas, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha empezado a citar a decenas de ellos para tomarles declaración en condición de investigados (lo que les permite ser asistidos por sus abogados), incluidos algunos que en su día supuestamente habían regularizado su situación con el fisco. En función de lo que deparen estas diligencias, y una vez que se clarifique que los presuntos delitos que se les atribuyen no han prescrito, el juez resolverá si les interroga en calidad de imputados antes de dirigir el procedimiento de forma individual contra cada uno.