Los acusados de las 'black' tratan de expulsar a Bankia del juicio para 'ahorrarse' 12 millones en indemnizaciones

Y la primera pieza que pretenden cobrarse es de caza mayor. Porque este lunes la mayoría de los abogados de los 65 acusados pidieron la expulsión del procedimiento de Bankia y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tras su obligado rescate público en mayo de 2012 es su accionista principal con el 64% del capital social. El motivo, según esgrimieron, es que ambos carecen de legitimación activa para ejercer la acusación, ni la acción popular al no reunir los requisitos necesarios ni tampoco la particular, porque no son perjudicados ni ofendidos al no ser formalmente sucesores de Caja Madrid. La heredera directa sería su fundación, que renunció a personarse en el caso, y el banco, apuntaron, simplemente fue el resultado de la fusión de varias entidades de ahorros, entre ellas la madrileña.

No tienen vela en este entierro, llegó a aseverar el letrado del exconsejero Estanislao Rodríguez Ponga, que fue anteriormente secretario de Estado de Hacienda y quien cargó un total de 255.372 euros a su black, ante el tribunal que componen tres magistradas de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sacar a Bankia y el FROB del juicio, algo por otra parte altamente improbable a estas alturas según distintas fuentes jurídicas -en este sentido apuntan que la Audiencia Nacional ya rechazó una petición similar en la fase de instrucción-, no sería precisamente algo gratuito. Sin perjudicado directo quedarían en entredicho las indemnizaciones que se reclaman (12 millones una vez descontadas las sumas ya prescritas), puesto que ambas entidades pugnan por ser las receptoras finales de esos fondos.

No fue ese el único argumento usado por las defensas para deslegitimar la labor de Bankla, puesto que también insinuaron que desde el banco se podría haber llegado a falsear o manipular los movimientos bancarios de aquellos polémicos plásticos (tarjetas Visa de clase Oro y Plata) con el fin de cargar las tintas contra los gestores anteriores. La clave de esa grave acusación contra la entidad que preside José ignacio Goirigolzarri reside en la forma que se crearon los archivos Excel que contienen esos datos, y que son precisamente la base sobre la que se sustenta todo el caso.

Ni conocemos el sistema (las hojas de cálculo de Excel) ni la custodia que ha tenido, denunció la abogada de Ángel Gómez, exmiembro de la comisión de control de la caja de ahorros (dispuso de 149.000 euros con su tarjeta). Los archivos, abundó en su queja, están plagados de errores, apuntes duplicados y de sitios en los que mi cliente no ha estado jamás, para terminar quejándose de que tampoco existe soporte documental que acredite la realidad de los gastos. Olvidó, sin embargo, que durante la instrucción quedó claro que los beneficiarios de las black no tenían obligación de justificar sus desembolsos, pese a lo cual algunos de ellos sí intentaron aportarlos hasta que desde la dirección de la caja se les dijo que era innecesario.

Archivos "plagados de errores"

Pese a ello, las defensas insistieron en tratar de desvirtuar la validez formal como prueba esencial de los controvertidos Excel. El letrado de Gerardo Díaz Ferrán, expresidente de la CEOE (94.000 euros gastados con su black), llegó incluso a tacharlos de chapuza hecha por un mero colegial porque están plagados de errores. En un tono similar, la abogada de Rodolfo Benito, exconsejero y exdirigente de CC OO, dijo que resulta imposible determinar de dónde ha extraído Bankia esos datos, al tiempo que acusó a los responsables del banco de actuar con una clara actitud incriminatoria al aportar solo material inculpatorio y no exculpatorio pese a que, según ella, también disponían de él.

Aún compartiendo las alegaciones de sus compañeros -básicamente casi todos los defensores se fueron adhiriendo, uno tras a otro, a las mismas quejas- los abogado de Miguel Blesa ( 436.700 euros con la tarjeta) y Rodrigo Rato (99.054 euros), los principales responsables de este sistema opaco de pagos -como lo definió el juez del caso- abundaron más en la tesis de que el acceso a los movimientos bancarios de sus clientes habría vulnerado la Ley de Protección de Datos puesto que no son meras cifras sino que revelarían aspectos íntimos de la persona, e incluso podrían llegar a afectar a su libertad y dignidad. Además, señalaron que se conservaron más allá del período de consentimiento fijado (18 meses) y que se manejaron sin una orden judicial previa.

La última queja formulada por los letrados de los usuarios de los black -la exposición de las cuestiones previas continuará este martes- fue la posible prescripción del delito de apropiación indebida que la Fiscalía atribuye a todos ellos. A su juicio, ese plazo se habría cubierto con creces (los primeros pagos no declarados prescritos son del año 2003) cuando Anticorrupción presentó su denuncia en octubre de 2014. Por eso consideran que el Ministerio Público trató de resucitar unos hechos ya extinguidos, alterando la interpretación de la ley para convertirlos en algo continuado y permitir que la responsabilidad penal siga viva modificando plazos.

Recibidos con insultos

Tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato han sido recibidos con gritos e insultos por parte de una decena de preferentistas a su llegada a la sede de la Audiencia Nacional. Los primeros en llegar a la sede del tribunal en San Fernando de Henares han sido el que fuera secretario general de UGT Madrid y consejero de la entidad nacionalizada, José Ricardo Martínez, y uno de los altos cargos de la caja y mano derecha de su expresidente Miguel Blesa, Matías Amat, que han entrado al recinto pasadas las 8.35 de la mañana.

Sin embargo ha sido la llegada de Blesa, pasadas las nueve de la mañana, la que ha suscitado mayor expectación. Una decena de manifestantes preferentistas ha intentado increpar al ex alto cargo, que ha llegado acompañado de su abogado, si bien los agentes de la Policía Nacional lo han impedido. La entrada de Rato ha pasado más desapercibida puesto que ha accedido al edificio al mismo tiempo que otros acusados.

Tras él ha llegado el que fuera consejero de la entidad y presidente de la CEIM, Arturo Fernández, también abucheado por los preferentistas, que han proferido frases como 'qué jeta qué jeta los de las tarjetas' o 'qué desgraciados los que roban el dinero a los jubilados'.

El que sí se ha llevado elogios de los manifestantes ha sido el exportavoz de UPyD, Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular del caso Bankia a través de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) junto a la Confederación General de Trabajo, mientras que Bankia-BFA, el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) y Tenedora de Acciones SAU (BFA) ejercen la acusación particular.

Despilfrarro millonario

En el juicio que comienza este lunes por las tarjetas black, esto es, el despilfarro de hasta 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012 a cargo de al menos 65 ex altos cargos de Caja Madrid y Bankia, lo primero que dilucidará el tribunal de la Audiencia Nacional que debe resolver si son culpables de un delito continuado de apropiación indebida son las cuestiones previas, asuntos que quedaron sin resolver en la instrucción (desde posibles prescripciones a supuestas vulneraciones de derechos fundamentales), incluidos algunos que podrían terminar provocando la nulidad de todas o, al menos, parte de las actuaciones realizadas en el caso.

Las defensas han ido ultimando en los últimos días toda una batería de alegaciones en busca de esa anulación, aunque son conscientes de que será complicado. Por eso, al menos quieren introducir dudas razonables en el debate jurídico de cara a que las tres magistradas que deben juzgar este caso tan polémico como mediático -Ángela Murillo, Carmen González y Teresa Palacios, de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia- se lo piensen más de dos veces antes de condenar a sus clientes, ya sea por apropiación o por administración desleal, una figura penal alternativa que plantearon algunas acusaciones pero que solo podría aplicarse a quienes tenían cargos de responsabilidad decisoria en la caja de ahorros (o, en su caso, el banco), entre ellos los consejeros.

La cuestión más delicada es, en principio, la posible ilicitud en la consecución de los movimientos bancarios de las tarjetas desde Bankia, que algunas defensas pretenden convertir en su piedra filosofal para evitar que se entre en el fondo del asunto. Así, expondrán ante el tribunal que se habrían vulnerado derechos fundamentales de los acusados al haberse publicado el detalle de sus gastos. Según sostiene el abogado del economista Juan Iranzo y de Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, no nos hallamos aquí ante un simple supuesto de acceso a unos meros datos bancarios sino que es mucho más, pues son reveladores de aspectos íntimos de la persona, manifestación en última instancia de su propia libertad y dignidad.

Si esa argumentación les fallará recurrirían a denunciar que los contratos de las tarjetas tenían un período de consentimiento de conservación de sus datos personales (normalmente 18 meses) que, en general, se habría superado con creces en el momento que Bankia los envió a la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2014 ante la sospecha de que pudiera haber responsabilidades penales. Asimismo, esgrimen que el Tribunal Supremo requiere que para acceder a ficheros de datos personales vinculados con la intimidad exista una autorización judicial previa y aquí no se produjo porque los informes sobre las black no llegaron al juzgado hasta septiembre de 2015.

Cuenta sin documentar

Otras cuestiones que presentarán para frustrar el juicio o, al menos, dejarlo tocado hacen referencia, por ejemplo, a que la información aportada por Bankia podría estar incompleta, al faltar una cuenta denominada Gastos Órganos de Gobierno Mayo88. Según el letrado de Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda y exconsejero de las dos entidades citadas, allí se contabilizaron los desembolsos de las tarjetas desde ese fecha cuando, según su tesis, se reconocieron por vez primera los controvertidos plásticos.

Además, una docena de exdirectivos acusados entre ellos Rafael Spottorno, que fue jefe de la Casa Real de Don Juan Carlos I-, insistirán en su tesis, aceptada en su día por el instructor y la Fiscalía hasta que la Sala de lo Penal de la Audiencia la rechazó, de que en su caso las black formaban parte de su paquete retributivo (incluso se les dio una clave PIN para usarlas libremente), negociado con la presidencia y diferenciado de sus tarjetas habituaes de empresa.

En cualquier caso, la tesis que vienen defendiendo en privado es que se puede discutir la moralidad de algunos comportamientos por el exceso tanto en las cuantías gastadas como en sus fines -otros, por el contrario, insisten en que sus cargos fueron moderados y con un claro destino profesional- pero no así la no existencia de delito. Con el Código Penal en la mano no se nos puede condenar, argumentan. Ni el juez que instruyó el procedimiento durante un 15 meses, Fernando Andreu -el mismo que tiene casi ultimada la investigación del caso Bankia-, ni tampoco la Fiscalía Anticorrupción ni las acusaciones que solicitan penas de cárcel que van desde los tres meses hasta los seis años, el máximo que se pide para Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid- piensan lo mismo.

Pero si tan convencidos están aquellos de su inocencia, la pregunta que queda en el alero es por qué una parte ha devuelto el dinero gastado, un signo aparente de asunción de culpabilidad que, a la vez, busca que se les aplique la atenuante de reparación del daño si al final fueran condenados. Eso sí, hasta ahora más de cuarenta (casi dos tercios de los 65 acusados) han seguido ese camino, lo que supone aproximadamente el 14% de los 12 millones de euros que se les exigen como indemnizaciones (las reclamaciones por el resto, hasta los 15,5 millones citados, habrían prescrito ya), apenas 1,7 millones. El último ha sido el propio Miguel Blesa, a quien se considera el responsable máximo de este sistema de pagos opaco que luego continuó, aunque de forma más restringida, su sucesor Rodrigo Rato.