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Amparo Estrada
Martes, 12 de mayo 2015, 14:38
La Audiencia Provincial de Madrid considera que, "por el momento, no aparece con claridad la conexión delictiva" entre el caso de la salida a bolsa de Bankia y los nuevos delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes de los que se acusa al ... exvicepresidente económico y expresidente de Bankia Rodrigo Rato. Por ello, en un auto hecho público este martes, concluye que de la investigacion de estos delitos debe ocuparse el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, que se había inhibido en favor de la Audiencia Nacional por entender que estaban relacionados. La Audiencia Provincial estima así el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción, que se había opuesto a que el juez Antonio Serrano-Artal remitiera la causa al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que lleva la instrucción de la salida a bolsa y la pieza separada de las tarjetas black.
En base a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato, el titular del juzgado de instrucción número 31 de Madrid, donde recayó la última investigación sobre el exvicepresidente, señalaba que había relación por los actos para "sustraer sus bienes" del pago de las responsabilidades civiles derivadas de las causas seguidas en la Audiencia Nacional y que, por ello, serían delitos conexos a los investigados en la Audiencia. Sin embargo, el auto de la Audiencia Provincial puntualiza que todos los hechos expuestos en la denuncia de la fiscalía están por investigar y "resulta imposible realizar una calificación jurídica de los mismos". Además, explica que las responsabilidades pecuniarias por los delitos que se investigan en la Audiencia estaban aseguradas al haberse depositado ya las fianzas, por lo que el argumento principal para apreciar una conexión "no se sostiene". BFA-Bankia depositó los 800 millones de fianza por la salida a Bolsa (fianza que luego fue rebajada a 34 millones) y Rato depositó una fianza de tres millones de euros por las tarjetas black.
El juez madrileño podrá volver a inhibirse en un futuro si aprecia la comisión de algún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción se opuso a la iniciativa de Serrano-Artal y la recurrió al considerar que si la causa fuera remitida a la Audiencia Nacional podría crearse "un procedimiento inmanejable y carente de eficacia".
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