Tres perdones fiscales en democracia

madrid. «Propongo modificar la Ley General Tributaria para prohibir las regularizaciones extraordinarias, que creo no nos han gustado a nadie». Estas palabras pronunciadas por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado miércoles en el Congreso vaticinan que el tiempo de las amnistías fiscales en España puede estar cerca de quedar atrás. Eso sí, esta iniciativa del Gobierno se produce después del enorme varapalo que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la amnistía aprobada por el Ejecutivo del PP en 2012. Un fallo que declara «inconstitucional» la medida por un defecto de forma al tramitarse con un decreto ley y aunque no elimina sus efectos -mantiene las regularizaciones que se hicieron y sean firmes- supone un enorme golpe moral y de imagen para el Ejecutivo. Tanto que parece difícil que ningún partido se atreva a recurrir a esta medida más. Por tanto, el contador de perdones fiscales desde la instauración de la democracia -en 1977 UCD aprobó una preconstitucional- puede pararse en tres: dos bajo gobiernos socialistas (1984 y 1991) y uno con el PP (2012). Pero ¿fueron todas iguales?

La primera amnistía se produjo en 1984 siendo ministro de Economía Miguel Boyer. La polémica fórmula elegida consistía en canjear las rentas ocultas por pagarés opacos del Tesoro sin ninguna investigación ni penalización y que además les reportaban una rentabilidad. Otra de las ventajas para los defraudadores era que no se les podía identificar públicamente. Entonces el Gobierno justificó la medida para poner en orden un sistema tributario que estaba en pleno proceso de homologación con Europa. De hecho, se estaban dando los pasos para implantar el IVA (aunque ahora parezca mentira este impuesto no se aprobó hasta 1986) y todavía no existía la Agencia Tributaria, que se creó en 1992. Por todas estas características es casi imposible evaluar los defraudadores que se acogieron y el dinero que afloró.

Apenas unos años después, en 1991 y con Carlos Solchaga al frente de la cartera de Economía el Gobierno aprobó otra amnistía. El procedimiento elegido en esta ocasión fue aflorar el patrimonio oculto a cambio de comprar deuda pública especial a cinco años a un tipo de interés del 3%, que era inferior al existente en el mercado en ese momento. Una vez más, la identidad de los defraudadores era secreta, aunque sólo hasta el vencimiento del título de deuda, que al ser a los cinco años permitía la prescripción de los supuestos delitos fiscales. Asimismo, se permitió que aquellos contribuyentes que se habían acogido a la regularización de 1984 pudieran cambiar sus pagarés por deuda pública en este nuevo proceso.

Tras esta regularización, el Gobierno se comprometió a no practicar más perdones fiscales. Algo que quedó recogido en los Presupuestos de 1992 con una disposición adicional que fijaba que a partir del 1 de enero de ese año «no se dictará disposición alguna, de cualquier rango, que implique, para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal, ni se establecerán otras regularizaciones análogas». ¿Fue ese el fin de las amnistías? Los hechos han demostrado que no.

El «chollo» de la amnistía

Tuvieron que pasar dos décadas para que el Gobierno, en este caso el de Mariano Rajoy, aprobara la «declaración tributaria especial» de 2012. En esa ocasión se fijaba un gravamen del 10% para las rentas afloradas, aunque finalmente, al circunscribirse sólo al patrimonio de los años no prescritos esa tributación en la práctica se redujo al 3%. En cualquier caso, el hecho de gravar esas rentas -aunque fuese a un tipo muy inferior al que les correspondería y sin ningún recargo ni sanción- es el argumento al que se aferra el ministro Cristóbal Montoro para rechazar el término amnistía.

A esta regularización se acogieron 31.000 defraudadores que afloraron 40.000 millones con unos ingresos para el Estado de 1.200 millones (menos de la mitad de los previstos).

«La amnistía fiscal fue un chollo para los que se acogieron a ella», señala el profesor del departamento de Dirección Financiera del IESE, Enrique Chinchilla. En cualquier caso, este experto recuerda que fue una «medida extraordinaria en un momento extraordinario» al señalar la difícil situación económica que atravesaba el país con un déficit galopante del 11% y un runrún constante de rescate. Sin embargo, admite que la lectura que puede hacerse de la sentencia del Constitucional es que «el fin no justifica los medios».

Chinchilla es escéptico sobre el fin de las amnistías. Aunque reconoce que es muy difícil que puedan aprobarse regularizaciones similares a las de 2012 estima que hay «medidas alternativas» para aflorar rentas ocultas. «La amnistía existirá siempre, aunque no tenga ese nombre. De hecho la mayor amnistía se llama prescripción», sostiene al recordar que Hacienda tiene «una memoria de cuatro años». Después, explica, «se olvida de nosotros».

Sin embargo, otros expertos creen que la sentencia del Tribunal Constitucional puede marcar un antes y un después para estas regularizaciones. «Técnicamente el fallo sólo hace referencia a la nulidad de usar un decreto ley para la amnistía», señala el profesor de Esade David Velázquez. Sin embargo, reconoce que las críticas sobre el fondo de la medida, llegando a acusar al Estado de «abdicar» de sus obligaciones, hace «impensable que se aprueben nuevas amnistías».