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EUROPA PRESS
Lunes, 10 de octubre 2016, 16:52
El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto presupuestario para el próximo año que remitirá a Bruselas -debe hacerlo antes de este sábado, 15 de octubre- y que es una prórroga de ... los Presupuestos Generales de 2016, dado que el Gobierno en funciones no puede aprobar unos nuevos.
Aunque no ha querido detallar la cifra de déficit público que incluirá, ha indicado que será "cercano" al 3,1%, el objetivo pactado con la UE para 2017, según aseguró a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).
De esta forma, ha explicado que el borrador presupuestario será una extensión del de 2016 en el que se proyectarán, de acuerdo con las perspectivas macroeconómicas, partidas como los ingresos tributarios, el gasto en prestaciones por desempleo y la carga de intereses.
En este sentido, De Guindos ha destacado que la proyección de crecimiento económico para 2017 en la que se basará el borrador de presupuesto es del 2,3%, una cifra "moderada". "Posteriormente, cuando haya nuevo Gobierno, esperemos que no sea muy tarde, tendrá que definir un Presupuesto para cumplir con el objetivo del 3,1%, pero no estaría muy lejos", ha avanzado.
Congelación
Además, De Guindos aseguró hoy que España ha cumplido con sus compromisos para evitar una congelación de sus fondos estructurales y de inversión europeos, y mostró su confianza en que la decisión final de Bruselas será favorable para el país.
"Nosotros consideramos que se ha cumplido la acción efectiva" que le exigían sus socios, gracias al cierre presupuestario aplicado desde julio y a los cambios introducidos en los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, pendiente aún de aprobación en el Parlamento español, dijo el ministro.
El ministro se mostró confiado en que estas medidas bastarán para lograr que la Comisión Europea (CE) no bloquee los fondos europeos a España a partir de enero de 2017, como castigo al país por haber incumplido sus compromisos de reducción del déficit público.
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