Bankia, abocada a devolver el dinero de la salida a Bolsa a los pequeños accionistas

Bankia ya sabe que, salvo sorpresa de última hora, tendrá que devolver a sus accionistas minoritarios iniciales -aquellos que compraron títulos en aproximadamente los 10 primeros meses de cotización- todo el dinero que invirtieron en participaciones suyas: 1.853 millones de euros, el 62,5% de la suma que captó la entidad al estrenarse en el mercado. Es la consecuencia que se desprende de la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo, que rechazó sendos recursos del banco contra las reclamaciones de dos pequeños inversores y despeja los obstáculos para sentar jurisprudencia en este sentido.

La mala noticia para la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se la han dado los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, reunidos en un pleno, convinieron que el polémico folleto de la operación de venta pública (OPV) de Bankia contiene «graves inexactitudes». Y lo hicieron tras analizar sendos casos de modestos accionistas que ya habían sido resueltos a favor de éstos por parte de las audiencias provinciales de Valencia y Asturias, corrigiendo en uno de los casos a la primera instancia.

Los miembros del alto tribunal respaldan las tesis de sus colegas territoriales, en el sentido de considerar que la información económica, financiera y contable que se difundió al público, en especial a los suscriptores de la OPV referida, «resultó inexacta e incorrecta en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales». Y como ejemplo citan «los beneficios y las pérdidas de la sociedad emisora», es decir, Bankia.

Comparten también los magistrados del Supremo la consideración de esos jueces respecto a que parte de los datos incluidos en el controvertido folleto eran «inveraces» o, cuando menos, presentaban «errores contables» que permitían dar a las cuentas del banco «apariencia de una solvencia que no se correspondía con la realidad de su situación financiera» en julio de 2011, cuando se produjo el estreno bursátil. Todo ello provocó un «error en el consentimiento de los adquirentes».

No obstante, los términos concretos del fallo del alto tribunal aún tardarán en conocerse varias semanas, dado que ahora será labor del ponente elaborar el texto conforme a lo acordado por el pleno. No se esperan, en cualquier caso, variaciones relevantes respecto a lo conocido ayer, si acaso confirmar que se emitirán dos sentencias de contenido similar ya que se estaban examinando otros tantos pleitos, uno procedente de Oviedo -un matrimonio que invirtió 9.997 euros- y otro de Valencia -donde una pareja pagó otros 20.868 euros-. De esta forma, sería posible ya establecer una doctrina jurisprudencial sin esperar a resolver un tercer caso.

Buscar acuerdos amistosos

Es lo que explican las fuentes citadas, y también coinciden en ello desde varios despachos de abogados especializados en este asunto. Desde el bufete Navas & Cusi emplazaron así al banco a que «resuelva el problema evitando procedimientos judiciales», es decir, que «indemnice amistosamente». «Siempre es mejor el acuerdo que el juicio -sin pacto previo, cada afectado debería presentar una demanda, en solitario o de forma colectiva, esgrimiendo para ello el fallo del Supremo-, y es lo más saludable para no incurrir en costes innecesarios», añadieron.

Eso sí, el Supremo solo habla de devolver las cantidades invertidas en su día, más los intereses legales diarios devengados desde entonces, nada de posibles daños y perjuicios. Y en cuanto a que se puedan ver beneficiados «todos los afectados por la OPV», los abogados de Bankia esgrimían en sus recursos que, «incluso suponiendo que la situación hubiese sido la descrita» -que el folleto tuviera información «incorrecta e inveraz»-, los clientes hubieran firmado igualmente los contratos porque estima que compraron los títulos sin considerar dichos datos.

Con este argumento, además, tratan de distinguir entre los pequeños inversores y los grandes o especializados, dado que consideran que los últimos tenían suficientes conocimientos financieros y del mercado para no precisar información extra y extraer sus propias conclusiones. En teoría, el plazo para reclamar la devolución del dinero de las acciones finaliza el próximo mes de mayo, al cumplirse cuatro años desde que se conoció la verdadera situación contable de Bankia, aunque algunas interpretaciones legales estiran ese plazo hasta 15 años según el tipo de acción que se emprenda.

Demandas civiles

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en otro revés jurídico para Bankia, también rechazó ayer la prejudicialidad penal que pretendía hacer valer la entidad para que se paralizaran las demandas civiles presentadas por la salida a Bolsa del banco. Su criterio, aceptado hasta ahora por algunas audiencias provinciales, es que no se tomaran decisiones en dicha jurisdicción hasta que se no resolviera primero la causa penal abierta en julio de 2012 en la Audiencia Nacional, donde están imputados Rodrigo Rato y otros exadministradores. Esto le permitía, al menos, ganar tiempo hasta que se produjera el fallo e incluso jugar con la eventualidad de que no llegara a haber juicio, algo improbable hoy en día a la vista del criterio defendido por el juez instructor.