La Oficina contra el Fraude mantiene que Rato podía destruir pruebas

Según fuentes jurídicas, el testimonio de García Valdecasas fue "eminentemente técnico" y solo se salió de esa línea para negar una supuesta "persecución" a Rato, como sostiene el expolítico metido a financiero -dirigió el FMI para luego presidir Caja Madrid y Bankia-, quien declarará como imputado mañana. Matizó, no obstante, que el autor material del informe fue otro inspector -ella lo suscribió como jefa- y lo calificó como "una denuncia temprana de posibles riesgos".

La jefa de la ONIF, a preguntas de la Fiscalía y la defensa de Rato -que ejerce el bufete Baker & McKenzie, especializado en temas fiscales-, justificó la urgencia de los registros hechos el pasado 16 de abril en varios inmuebles de Rato en Madrid, además de su despacho profesional y el de un bufete de abogados en Sotogrande (Cádiz) -donde están domiciliadas varias de sus sociedades instrumentales-, en el "elevado riesgo" de que pudiera destruir pruebas. Era su principal preocupación, insistió, y por eso para elaborar su informe "tan solo se utilizaron fuentes de información internas" de la Agencia "al objeto de mantener el secreto de las actuaciones".

Haber requerido antes a Rato y su entorno la información necesaria -como, según la defensa, se hace en otras inspecciones a contribuyentes- "podría haber puesto en peligro" la investigación, a juicio de García-Valdecasas. Por eso, continuó, no se le pidieron ni las escrituras públicas otorgadas por el exministro de las que sospecha el fisco, ni tampoco los movimientos de sus cuentas corrientes, entre otros.

Polémico "uso de la fuerza"

Y por eso también pidió en su día a la Fiscalía que instara al juez a "autorizar el uso de la fuerza, si fuera necesario" para hacer los registros citados, lo que se tradujo en que Rato estuvo detenido casi ocho horas mientras se realizaban. Fruto de aquellas diligencias fueron incautados cerca de 40.000 documentos, buena parte electrónicos, que se encuentran en las propias oficinas de la ONIF y que han sido cotejados durante las tres últimas semanas por la secretaria del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que dirige Alfonso Serrano-Artal.

En su informe sobre el patrimonio de Rato y su "entorno", que la inspectora-jefe defendió pero no llegó a ratificar por no ser su autora material, Hacienda lo cuantifica en 26,60 millones de euros, y esto con "la consideración de mínimo". Además, "no se incluyen activos en el exterior", como un hotel en Berlín donde invirtió casi 3,5 millones, o los posibles bienes de una sociedad vinculada a Gibraltar.

Y pese a que el juez solo ve "perfilado" el delito fiscal -3,7 millones de euros entre IRPF e Impuesto de Sociedades de 2011 a 2013, a lo que añadir un recargo del 150%-, la inspectora-jefe insistió en que ellos sí ven "riesgo" de un posible blanqueo y también alzamiento de bienes.