Trillo admite que cobró de una constructora 354.000 euros

Sin embargo, según El País, la Agencia Tributaria no ha encontrado ningún informe que justifique esos cobros y facturas que se prolongan durante cuatro años y que tienen como pagadora al Grupo Collosa, una empresa dedicada a la obra civil y una de las principales beneficiadas por los parques eólicos en Castilla y León. En concreto, Collosa habría facturado a los despachos Sirga XXI Consultores (propiedad de Pujalte) y Estudio Jurídico Labor, con participación mayoritaria de Trillo (70%).

El exministro de Defensa consideró, mediante un comunicado, «tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes». Trillo aseguró que su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso de los Diputados en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración. En este sentido, insistió en que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, «lo que significa que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada».

Permiso al Congreso

Por su parte, Pujalte también aseguró que tiene «la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente» y de haber «actuado de acuerdo completamente con la legalidad», tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria. El diputado del PP reconoció que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y recalcó que pidió la compatibilidad al Congreso, una solicitud que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.

Según fuentes de la Agencia Tributaria ambos políticos podrían enfrentarse a un presunto delito de prevaricación administrativa, blanqueo de capitales y cohecho por estas presuntas comisiones. En todos los casos el periodo de prescripción es de diez años, por lo que todos los supuestos cobros podrían ser investigados al estar dentro del plazo.