Montoro desvincula la operación contra Rato de la amnistía fiscal

En cualquier caso, Montoro ha insistido en que "la ley es igual para todos" independientemente de la pertenencia a un determinado partido político o no. "Da igual el relieve social o político. El Gobierno hace cumplir la ley mediante la actuación independiente de la Agencia Tributaria", ha señalado. De hecho, el ministro ha puesto las investigaciones contra Rato como ejemplo de la buena marcha de la lucha contra el fraude. "Nunca hemos vivido una época como esta tan en positivo en la lucha contra el fraude", ha asegurado al recordar el incremento en la recaudación del Estado por este motivo.

Además, Montoro se ha escudado en que la ley actual prohíbe la publicación de datos fiscales para defender que no se hagan públicos los nombres de quienes se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno como le exigen desde los técnicos de Hacienda hasta todos los partidos de la oposición. Precisamente, 705 de los 30.000 contribuyentes que aprovecharon esa oportunidad para regularizar su dinero están siendo investigados por presunto blanqueo de capitales. Sin embargo, Montoro también ha rechazado la posibilidad de publicar esa lista e incluso ha asegurado desconocer quiénes la integran. "Yo no sé quiénes componen esos 705 contribuyentes", ha afirmado.

Montoro ha querido aclarar, ante las dudas de por qué la actuación la había desencadenado la Fiscalía de Madrid y no Anticorrupción, que todo lo que se ha hecho en la actuación contra Rodrigo Rato es el "procedimiento ordinario" y ha recordado que existe un proceso judicial abierto que exige "confidencialidad". Asimismo, preguntado por su impresión personal sobre las acusaciones de graves delitos contra Rodrigo Rato, que fue primero su superior y después compañero como ministro en los gobiernos de José María Aznar, Montoro no ha querido opinar. "No estoy aquí para expresar sentimientos personales sino, para aplicar la ley", ha asegurado.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rechazado que el presidente Mariano Rajoy, vaya a comparecer en el Congreso por el 'caso Rato' y ha recordado que el exvicepresidente del Gobierno ya no tiene vinculación política con el PP. Tampoco ha valorado la posibilidad de abrir una comisión de investigación que han solicitado algunos grupos del Parlamento y ha remitido todas las explicaciones a la comparecencia del próximo martes en el Congreso del director de la Agencia Tributaria.

Lista de morosos

Sin embargo, lo que sí publicará el Gobierno será la lista de morosos con Hacienda. Y es que el Gobierno ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley General Tributaria en la que se recoge la publicación de esta lista. En concreto, se incluirá a aquellas personas físicas o jurídicas con deudas pendientes superiores a un millón de euros no ingresados en el periodo voluntario. El listado tampoco incluye las deudas aplazadas o suspendidas como recomendó el Consejo de Estado.

La lista de morosos era una de las promesas realizadas por el Ministerio de Hacienda desde el comienzo de la legislatura. Sin embargo, han tenido que transcurrir más de tres años para que vea la luz. La intención del Ejecutivo es que el trámite parlamentario no se alargue demasiado de manera que los primeros nombres puedan publicarse en el último trimestre del año. "La reforma pretende potenciar la lucha contra el fraude e incrementar la seguridad jurídica", ha asegurado el ministro de Hacienda.

Además de la lista de morosos, se publicarán las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra la Hacienda Pública y de contrabando con perjuicio para la Agencia. Según ha precisado Montoro, la publicación de la sentencia no será completa, sino solo de aquellos datos necesarios para esta lista.

Por otra parte, la reforma ampliará los plazos para el procedimiento de inspección. En concreto, se establecerá un plazo temporal de duración de las actuaciones inspectoras de 18 meses con carácter general (actualmente doce meses) y de 27 meses para entidades que estén en un grupo u obligadas a auditarse (ahora se contempla una prórroga de doce meses).