El juez bloquea las cuentas de Rato y otros productos financieros

El juez de guardia que el jueves ordenó los registros en los inmuebles de Rodrigo Rato hizo este viernes lo mismo, a petición de la Fiscalía, con el bloqueo de todos los productos financieros que tenga activos el que fuera vicepresidente del Gobierno en la época de José María Aznar. Con esta medida preventiva, en principio de carácter temporal aunque drástica en la práctica, se inmoviliza todo su patrimonio mobiliario, se persigue evitar que Rodrigo Rato pueda hacer movimientos que dificulten la investigación y un futurible embargo.

El bloqueo, según fuentes del sector bancario, abarca los productos financieros clásicos, desde cuentas corrientes a otro tipo de depósitos, pasando por fondos de inversión y de pensiones, préstamos a su nombre e incluso valores bursátiles (dividendos) gestionados a través de este tipo de entidades. La medida es extensible también a las sociedades de vinculación directa con Rato.

Asimismo, el magistrado ha pedido a los bancos que le faciliten los movimientos de las cuentas del expolítico desde 2009, cuando se inicia el período que investiga la Fiscalía y que llega hasta 2014. La orden judicial ha sido trasladada ya a las tres patronales financieras: la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

Es la última diligencia antes de que la instrucción pase a manos del titular del Juzgado número 31 de Madrid tras hacerse cargo del caso Rato, que sigue bajo secreto de sumario, una vez ya ha sido repartido. El magistrado Antonio Serrano-Arnal lleva 17 años como juez y entre las causas que ha llevado figuran dos conocidas: la 'operación Puerto' contra el dopaje en el deporte de élite, y el juicio al magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López por conducir embriagado.

De otro lado, este viernes continuó durante varias horas el registro iniciado el jueves en el despacho profesional del exministro por parte de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente de la Agencia Tributaria. En este caso, no obstante, las tareas se centraron básicamente en finalizar el volcado de distintos archivos informáticos de gran tamaño, lo que había dificultado realizar las copias correspondientes.