El Gobierno consuma, diez meses después, el hachazo a las renovables

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, justifica el recorte con el argumento de que continuar con el modelo anterior hubiese ido a una quiebra del sistema. La aprobación del real decreto preludia una cascada de denuncias por parte de las asociaciones del sector, que han reaccionado con duras críticas a un real decreto que les coloca en una situación insostenible y que supone una ruptura de la seguridad jurídica.

Con el nuevo modelo, los pagos se calculan a partir de la inversión realizada en cada instalación tipo -Industria ha fijado más de 1.400 estándares-, y sus años de vida útil. Una retribución referenciada a las Obligaciones del Estado a diez años más 300 puntos básicos, que en todo caso deben garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% para las instalaciones actuales, y del 7,5% para las que entren en un futuro.

No obstante, Soria ha generado unos instantes de confusión al hablar en rueda de prensa de un 5,8%, que es la rentabilidad ligada a la actual cotización de las obligaciones a diez años. El Ministerio de Industria ha tenido que aclarar con posterioridad que la tasa de retorno es la inicialmente prevista en la ley.

Soria ha explicado que el recién aprobado marco retributivo tiene como objeto dotar de estabilidad al sistema, introducir certidumbre y ofrecer un retorno adecuado. El titular de Industria ha cifrado en casi 200.000 millones de euros los incentivos totales a las instalaciones del antiguo régimen especial durante toda su vida útil, y en 142.530 millones el importe de las primas pendientes de pago.

Una vez se apruebe la orden ministerial que desarrolla los parámetros retributivos seguramente la próxima semana- los productores de energía renovable comenzarán a saber el dinero que previsiblemente deberán devolver al Gobierno, ya que desde que se aprobara la reforma eléctrica han venido cobrando las primas a cuenta del nuevo sistema.

También se abre la veda para una previsible cascada de demandas judiciales en base a una ruptura de la seguridad jurídica, tal y como denuncia la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). La asociación asegura que el 30% de los proyectos fotovoltaicos sufrirá recortes de en torno al 40% de los ingresos previstos, lo que llevará a estos proyectos a no poder hacer frente al pago de la deuda que tienen con los bancos, a menos que se realicen quitas de en torno al 20%.

Manifestación de Anpier

La Asociación Empresarial Eólica (AEE), a través de su director general, Luis Polo, califica de "incomprensible y profundamente injusta" la normativa aprobada por el Gobierno. En su opinión, y a la espera "de conocer la versión final que salga publicada en el BOE", el real decreto discrimina a la eólica y la sitúa en una posición insostenible, con un sistema económico claramente retroactivo y que genera una situación de inseguridad jurídica por no respetar las inversiones realizadas".

Los pequeños productores de energía fotovoltaica, agrupados en Anpier, han exigido en un comunicado que los promotores de esta nueva regulación (el ministro Soria y el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal), respondan en un futuro de las graves consecuencias que se derivarán de esta traumática imposición normativa para 62.000 familias españolas, el Estado y la ciudadanías. Anpier ha convocado el 21 de junio a una manifestación en Madrid frente al Ministerio de Industria para mostrar la situación de ruina, indefensión y desesperación que soportan.