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DORI AYLLÓN
MADRID.
Domingo, 20 de agosto 2017, 23:40
Roberto Rodríguez vive desde hace 15 meses lejos de su hija, a unos 2.000 kilómetros, la distancia que separa Madrid de Roma. Cuando la pequeña tenía dos años y medio, la que era su mujer -ahora están en proceso de divorcio-, decidió llevarse a la hija a Italia. Sin consentimiento del padre. Dice Roberto que la relación que mantenían era «normal». «Hasta que volvió de un viaje que hizo a su casa (a Italia) y vino con la idea de querer separarse», añade. Dicho y hecho. Una semana después se marchó a Roma. Con la menor.
«En ningún momento me ocultó que se iba», aclara. «Me dijo que había cogido el avión y me volvió a hablar para decirme que había llegado a Italia», explica. Roberto piensa que su exmujer le relató cada paso que daba con tanto detalle para que no iniciase acciones legales: «Lo hizo a propósito para que no fuese a la comisaría a denunciar». Pero presentó una demanda. De eso hace nueve meses. Él lo tiene claro: «Es un secuestro y tiene que caer todo el peso de la ley sobre esta persona».
Su caso no es aislado. Al año, según la Fundación Anar, se registran medio centenar de secuestros parentales. La cifra va en aumento. Y la mayoría de las veces hay un denominador común: son hijos nacidos en matrimonios mixtos (de distinta nacionalidad), que también van en aumento. El año pasado, sin ir más lejos, de las 172.000 uniones registradas, casi 23.000 fueron mixtas.
La hija de Roberto ya ha cumplido cuatro años. Hace seis meses que no la ve. «Entonces estuve un par de días con ella». No fue una situación fácil, ya que en todo momento «estaba presente la familia materna, por si hacía lo mismo que la madre». El único contacto que mantiene con la niña es por teléfono: «Últimamente me deja que hable con la pequeña por el móvil, o me envía alguna foto después de mucho insistir». Cree que su caso no tendrá solución, que ha perdido a su hija para siempre.
Alejandro Altisen sí ve salida, pero muy lejana. No ve a su hijo, que ahora tiene cuatro años, desde que tenía cinco meses. «La única solución posible es que el niño crezca e investigando por internet y me encuentre». Se casó con una mujer de Kenia y decidieron irse a vivir a Holanda. Tras siete meses de unión y de amenazas de huida con el menor, la exmujer de Alejandro cumplió su palabra y, en pleno proceso de divorcio, se marchó con el niño a su país en 2013. Desde ese día, este padre sabe muy poco de su hijo Marcelo, «sólo lo que me cuentan amigos que tenemos en común y la siguen en facebook». Además, el único contacto directo que tuvo con la madre de su hijo fue a través de su actual pareja. «Le dijo que no había ningún problema en que fuese a Kenia a ver al niño». Sin embargo, Alejandro no puede viajar a Kenia, ya que su exmujer le denunció por maltrato en los juzgados de este país y podría ser detenido. Los hechos, según cuenta Alejandro, son totalmente falsos.
Este madrileño recurrió a la justicia holandesa pero, tras un largo periodo, decidió regresar a España y comenzar un proceso judicial, consiguiendo la custodia de Marcelo. No obstante, volvió a recurrir a la justicia holandesa aconsejado por los jueces españoles. Tras un año todavía no ha obtenido respuesta. Nada. Para que Alejandro pueda volver a ver a Marcelo, la madre tendría que trasladarse a un tercer país donde pueda ejecutarse una posible orden de búsqueda y captura, ya que Kenia no reconoce ningún procedimiento judicial que no se haya dictado dentro de sus fronteras. «Esta sería la única oportunidad de tener contacto y poder negociar», lamenta.
La mayoría de los secuestros parentales suelen darse en el periodo de vacaciones, afirma Chema López, presidente de la asociación contra la sustracción internacional de menores (ACSIM). El secuestro de los tres hijos de Olga Anikina se produjo en verano de 2012. Daniel Jesús, el padre de los menores, se fue con ellos a Ecuador -su país de origen- y decidió quedarse a vivir allí. Desde hace cinco años Olga no ha vuelto a ver a los niños.
El primer paso que dio esta madre fue denunciar a su pareja. También acudió al Ministerio de Justicia para que los menores volviesen a España -en donde nacieron y residían con el padre y la madre-. Mientras Olga buscaba ayuda en España, Daniel Jesús consiguió la custodia y patria potestad de los niños en Ecuador gracias a una «denuncia falsa por abandono de mis hijos», aclara la mujer. Según una sentencia dictada en mayo de este año en los juzgados ecuatorianos, Olga tendrá que ir a la cárcel «porque dicen que he abandonado a mis hijos y no les paso dinero».
Mantiene contacto con sus tres hijos a través de terceras personas. «La madre de una niña que va con mi hija pequeña a clase me ayuda a hablar con ellos de vez en cuando», relata. Olga asegura que sus hijos están desesperados. «Cuando hablo con ellos me preguntan cuándo podrán volver a España. Tienen miedo». Y es que, según Olga, la familia de su expareja prohibió a los menores contactar con ella, incluso los profesores que le informaban de la situación de los niños «no pueden comunicarse conmigo porque la familia no lo permite». Olga ha llegado a escribir cartas al presidente de Ecuador, Rafael Correa, pero no ha recibido ninguna respuesta.
En 2014 Olga consiguió hablar con sus tres hijos en una videoconferencia y el padre «prometió» que establecería contacto entre ella y los niños si esta se ocupaba económicamente de los menores. Para Olga sólo hay una razón por la que su expareja se marchó con los niños y es el dinero. «Se fue a Ecuador porque al tener tres hijos el Estado le da ayudas económicas», asegura.
Juan José Torrejón es otro padre que vive sin su hija desde diciembre de 2015. Se fueron de vacaciones a Ecuador. Su mujer, la pequeña -de entonces seis meses- y él. Sólo él regresó. La madre de su hija, ecuatoriana, decidió quedarse. Sin previo aviso. El día del regreso, ella «se adelantó para comprar unos zapatos para la niña y cuando llegó la hora de embarcar me llamó y dijo que se quedaba». Para este padre todo estaba «planeado», ya que no disponían del suficiente dinero para irse de vacaciones y fue la familia de su expareja quien costeó los pasajes.
Juan José denunció a la madre de su hija en el mismo aeropuerto de Ecuador, pero le aconsejaron que volviese a España. Así lo hizo. «No sabía a quién acudir, fui a la tele y a partir de ahí contacté con mi abogada». La comunicación con la niña «ahora es nula y no sé si mi hija está bien o mal». Desde el 16 de diciembre de 2015, Juan José no ve a su hija y asegura que «si tuviese dinero contrataría a alguien para que la trajesen de vuelta».
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