El caso de la niña maltratada transitó 24 días por un limbo burocrático

Solo su hermana A., ahora a salvo en un centro protegido de la Junta, sabrá con dolorosa certeza cuándo empezó el viacrucis en la corta vida de S., pero el periplo de su expediente por el limbo burocrático de tres administraciones públicas ha durado exactamente 24 días y ha tenido un desenlace fatal. Cuando a D. M. G., vestida de militar al pie de la cama de Urgencias Pediátricas del Clínico de Valladolid donde yacía su pequeña de cuatro años ya en situación de muerte cerebral, le comunicaban el miércoles la retirada de la tutela, ya era demasiado tarde: habían fallado todos los protocolos de protección. La menor fallecía a la mañana siguiente, víctima de la enésima paliza recibida en el hogar familiar de la barriada vallisoletana de Rondilla. Poco después, su madre, de 35 años, cabo del Ejército de Tierra, junto a su actual novio, eran detenidos por la Policía. Al mediodía de ayer pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción 6, que se ocupa del caso desde que se conoció la hospitalización de la pequeña maltratada. Por la tarde se decretaba el ingreso de la pareja en prisión preventiva, comunicada y sin fianza. La orden judicial contempla también la medida de alejamiento de ambos respecto de la otra niña, de doce años.

Los responsables de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valladolid y de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León insistieron ayer en que en sus ficheros de protección no aparecía la menor. Sin embargo, desde el 11 de julio, la pequeña S. tendría que haber dejado de ser una víctima invisible. El pediatra de Urgencias del hospital Campo Grande dio la voz de alarma. La madre llevó a la pequeña, comentando allí con total naturalidad que la niña tenía los labios hinchados y que se encontraba mal, que podía tratarse de una alergia.

El facultativo sospechó de inmediato de las lesiones que presentaba la pequeña y del estado de abandono e higiene y, junto a una compañera, le realizaron un examen exhaustivo. Decidieron llamar al 112, donde les animaron a denunciar el asunto a la Policía. Y así lo hicieron.

El pediatra, al día siguiente, fue a ratificar la denuncia voluntariamente, confirmaron fuentes del hospital. La madre, en su declaración, comentó a los agentes del servicio policial especializado en mujeres y menores que su expareja la maltrataba psicológicamente y que «menos mal» que la había abandonado. De inmediato se activa el protocolo para que el asunto pasara al Juzgado de Violencia de Género y se pone el foco sobre la madre, que se niega a ratificar la denuncia y el asunto se archiva. Fuentes próximas a la investigación apuntan a que esta prioridad pudo eclipsar la denuncia sobre el maltrato de la niña, que se habría quedado sin cursar.

Cierta o no esta hipótesis, la realidad es que hasta el 21 de julio la Gerencia de Asuntos Sociales de la Junta no recibió el expediente «por la vía ordinaria y no de urgencia», que fue remitido por la Fiscalía, y no fue hasta el lunes 24 cuando los técnicos lo estudian y se llama a la madre y a las niñas para mantener una primera entrevista, según explicaron desde la Consejería de Familia.

Tras esa primera entrevista, se quedó con la madre para realizar una visita al domicilio, que tenía que haberse celebrado el 28 de julio, pero la madre llamó para cancelarla «por motivos laborales». Ese día, según consta en el registro de llamadas de la Policía Municipal, se recibió una llamada de un varón que no se identificó, poniendo en conocimiento que detrás de la puerta del piso de Cardenal Torquemada se oían lloros y gritos, pero que nadie le abrió.

La cita de evaluación se pospuso al martes 1 de agosto pero, cuando llegaron los técnicos de la Junta al domicilio y llamaron a la puerta, nadie les contestó. Entonces fue cuando apreciaron obstrucción por parte de la madre y empezaron a sopesar la retirada de la tutela, al tiempo que trataban de localizarla. Cuando lo consiguieron, la niña ya estaba en el hospital.