Un informe que cambió una vida

José y Berta ya conocían los resortes legales de las adopciones cuando, en 1991, recibieron una llamada de la entonces Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de La Rioja para acoger a una niña. Por sus condiciones sociales, lo mejor era que la pequeña saliese de la región. Con dos adopciones previas de chicos y una vida estable, a la pareja valenciana, que entonces residía en Navarra, se le consideró adecuada para criar a su tercer hijo, una niña.

No les importaban las enfermedades, aunque sí reconocen una cierta prevención: «Les dijimos que no estábamos preparados para un niño con problemas psicológicos», explica José, el padre.

En el proceso de adopción, se les entregan lo que ellos creían 'todos' los documentos. La historia de la niña es poco alentadora: proviene de una familia marginal, con una madre muy joven y sufre hepatitis B. El informe de la Consejería no señala nada más referido a sus antecedentes familiares.

«Llegamos a casa muy felices, aunque pronto empezamos a ver cosas extrañas», indica su padre. «Era muy cabezona, demasiado, y movida. Podía pegar a un niño que estuviera cerca sin ninguna razón aparente», añade.

Con los años, la educación se le va atravesando. Primaria la pasa «regular» y la Secundaria se le cruza definitivamente. Pero lo que más preocupa a sus padres es su escasa capacidad de relación. Además, comienzan a ponerse en contacto con Servicios Sociales de La Rioja, donde les piden tiempo para que la niña «madure».

Los desvelos de la familia continúan: su hija no vale para estudiar, pero tampoco para trabajar. «Nos decidimos a llamar a una asistente social del Gobierno de La Rioja, que participó en la adopción, para que tratase de averiguar algo sobre la familia, una explicación a lo que le sucedía a nuestra hija», explica.

Tras indagar en el caso, un correo electrónico proveniente de la funcionaria de Servicios Sociales les abre los ojos y les asusta: la madre biológica de su hija sufre oligofrenia, es deficiente y, cuando contaba con 11 años, su coeficiente intelectual era de 51 y su edad mental, seis años.

«Cuando conocimos la situación, nos pusimos en contacto con Servicios Sociales de La Rioja», recuerda el padre. «La directora de Política Social, Paloma Corres, nos contestó por carta, pero lavándose las manos», incide. En el texto se puede leer que «no consta hasta marzo, en que se dirigen a la trabajadora social, la existencia de ningún documento que ponga de manifiesto la preocupación respecto al estado intelectual de su hija». Además, Servicios Sociales recuerda la obligación de los adoptantes de cuidar a su hija, algo que indigna a la familia. «¿Cómo puede insinuar que no hemos atendido a nuestra hija?», se pregunta José.

En respuesta a este diario, Servicios Sociales insiste en que no puede hacer nada por la joven e invita a los padres a que se dirijan al Servicio de Bienestar Social de Valencia. Además, alega que, en 1991, incluso el Gobierno regional pertenecía a otro partido.

Los padres adoptivos de la niña sólo piden que la Comunidad de La Rioja «asuma la responsabilidad de su error [el no informar de los antecedentes familiares] y que a través de las consejerías de Bienestar Social de las dos comunidades traten el caso, no como de favor, sino como de justicia».

Para esta familia, Valencia «no es responsable del error que cometió la de La Rioja». Además, han solicitado una entrevista con el presidente regional, Pedro Sanz, para tratar de encontrar una solución que facilite la vida de su hija.

«Somos ya mayores, hemos pasado los 60 años, y sólo pensamos en el futuro. Gracias al Ayuntamiento de Torrent, donde vivimos, que nos ha ayudado en todo lo que ha podido, nuestra hija está realizando un curso de peluquería. Pero, ¿y después?», se pregunta.

«No busco culpables porque entiendo que todo el mundo comete errores y ya no importa. Es nuestra hija. Tampoco queremos una subvención. Pero sí pedimos que el Gobierno de La Rioja hable con Valencia y ayude a nuestra hija para que, en el futuro, pueda valerse», incide.

«No se puede volver atrás en el tiempo. Pero tampoco podemos permitir que ahora todos se llamen a andana», concluye José, que asegura que seguirá luchando por lograr un buen futuro para su hija.