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REGIÓN

Sanz prescinde de nueve altos cargos y de cinco gerentes de sociedades públicas

El adelgazamiento del Ejecutivo se salda además con la destitución de 14 personas de confianza, lo que supone un ahorro de 1,5 millones de euros

A. GIL

Sábado, 27 de junio 2009, 10:55

La anunciada remodelación de Gobierno para hacer frente a la crisis se saldará, al menos de momento, con la destitución de nueve altos cargos de segundo nivel, seis directores y tres subdirectores generales, de cinco gerentes de fundaciones o de sociedades públicas y de catorce puestos de confianza.

En total, 28 personas, cuyo cese, según el presidente riojano, Pedro Sanz, supondrá un ahorro para las arcas públicas de 1,5 millones de euros: «Esto no es más que un gesto -aclaró el presidente-; la crisis se resuelve con las medidas económicas que hemos y estamos tomando».

Sanz, que ayer anunció los cambios al Consejo de Gobierno para que los consejeros competentes hagan oficiales las destituciones en los próximos veinte días, se autodeclaró «reacio a los cambios», como ha demostrado en sus 14 años al frente del Ejecutivo, porque dicen «muy poco de un líder político»: «Parece que implican que uno ha elegido mal y generan incertidumbre y desconfianza». «Nada de esto se ha producido en este caso -agregó-, sino que se trata de una simple cuestión de austeridad, de adaptación a una realidad actual muy diferente a la que había en el año 2007 cuando formamos gobierno».

Asimismo, el mandatario riojano aseguró que el adelgazamiento de la estructura de su organigrama no supondrá «una quiebra de gestión», en el sentido de que todas las tareas del personal destituido serán asumidas por otros compañeros.

Los que salen

La remodelación de la estructura del propio Gobierno en sí supone una reducción de los 66 altos cargos reflejados en los Presupuestos Generales de La Rioja (excluidas las fundaciones y otras sociedades públicas) a 57. Es decir, nueve menos, que representan el 14% en términos relativos.

La Consejería de Servicios Sociales reduce de tres a dos las direcciones generales, con la desaparición de la Política Social, a cuyo cargo estaba hasta ahora María Victoria Díez. Por su parte, el departamento de Agricultura pierde igualmente la Dirección General de Desarrollo Rural y a su titular Juan Antonio Elguea. Las competencias se las reparten entre las otras dos direcciones generales que continúan.

En Vivienda y Obras Públicas, desaparece la Dirección General de Transporte (Ángel Sáinz Yangüela), cuyas competencias asume Antonio García Cuadra (Carreteras). En Salud, los recortes afectan a dos subdirecciones generales y, por consiguiente, a sus titulares: Seguridad Alimentaria (Faustino Manso) y Farmacia (José Ignacio Torroba).

Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial pierde dos direcciones generales, junto con sus responsables: Calidad Ambiental (Fernando Flores) y Rosa Oliván (Agua), aunque se crea una nueva de Calidad Ambiental y Agua, que asume José María Infante, con lo que la pérdida neta es de una dirección general.

La consejería de Javier Erro prescinde del director general de Industria y Comercio, Florencio Nicolás, cuyas competencias asume la directora de Trabajo, mientras que la de Administraciones Públicas elimina la Dirección General de Calidad (Máximo Fraile) y la Subdirección General de Negociación Colectiva (Begoña Lema).

Ridículo, para el PSOE

En cuanto a las reacciones, el PSOE recibió ayer «con decepción» la remodelación del Gobierno regional, que califica de «escasa y ridícula». Los socialistas achacan la decisión «a los problemas de tesorería» y a la «presión recibida tanto por la oposición como por las medidas adoptadas por otros gobiernos regionales del PP».

En cualquier caso, el PSOE considera los cambios simplemente como «un lavado de cara, pese a presentarse como la gran remodelación de su gobierno».

Los socialistas insisten en que el Ejecutivo regional «está sobredimensionado, con 356 altos cargos y personal de confianza que nos cuestan a todos los riojanos, sólo en el pago de las nóminas, 14,5 millones de euros cada año, por lo que una reducción del 10 por ciento de dicho coste es claramente insuficiente».

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