Los ecologistas critican a Zapatero por incumplir sus promesas 'verdes'

Hablan de traición a los compromisos medioambientales adquiridos por José Luis Rodríguez Zapatero en la primera legislatura, de regresión hacia las políticas más insostenibles en agua, energía, costas y de abandono de los temas de conservación.

Las cinco grandes organizaciones ecologistas del país -Greenpeace, WWF/Adena, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra- suspenden sin ambages el primer año de gestión del nuevo Ministerio del Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino, del que ha desaparecido -dicen- toda la impronta ecológica que le había dado su anterior titular, Cristina Narbona.

La fusión de los departamentos de Agricultura y Medio Ambiente en el actual gabinete de Rodríguez Zapatero ha confirmado los peores presagios; el medio ambiente «ha desaparecido» de la agenda política del Gobierno. «Llevamos un año sin política ambiental», denunciaron ayer los ecologistas, a punto de cumplirse los primeros doce meses de este «experimento fallido» que dirige Elena Espinosa.

«Sin ministerio»

El balance, para Greenpeace, SEO y compañía, no puede ser otro que un «suspenso rotundo» en la asignatura medioambiental. Ahora la crisis ha contribuido a rebajar aún más el compromiso ecológico del Gobierno pero las cinco organizaciones creen que había una voluntad «deliberada» previa a la crisis, reflejada en la práctica «desaparición del Ministerio de Medio Ambiente», aseguró Liliane Spendeler, de Amigos de la Tierra.

Los puntos más negativos de este año «sin» política ambiental son la reforma «de tapadillo» de la Ley de Costas a través de la Ley de Navegación Marítima, sin debate en el Parlamento ni en el Consejo Asesor del Medio Ambiente, para permitir la compraventa de construcciones en el dominio público marítimo-terrestre. Estas edificaciones son ilegales según la actual Ley de Costas y autorizar el cambio de titularidad supone legalizarlas. Tampoco se ha demolido el hotel El Algarrobico, en Almería, en pleno parque natural de Cabo de Gata-Níjar, a pesar de las doce declaraciones de ilegalidad de los tribunales.