El Pacto por el Empleo incluye la aprobación de las 10.000 viviendas nuevas de Logroño

Entre las mejoras no citaba la patronal, sin embargo, los cambios en el apartado de vivienda que, precisamente, es donde pueden apreciarse las modificaciones más sustantivas. Así, el nuevo documento incluye una serie de medidas para «hacer frente a la crisis» entre las que destaca «la tramitación a la mayor brevedad posible de los nuevos sectores urbanísticos municipales».

La aprobación de los sectores ha sido causa evidente de enfrentamiento entre el Gobierno riojano y la patronal constructora durante los últimos años, primero al denegar Urbanismo el plan del anterior alcalde para delimitar todo el suelo no urbanizable de Logroño (50.000 nuevas viviendas) y luego la solución intermedia que pasaba por la tramitación de las zonas más atractivas (10.000 viviendas).

La inclusión finalmente de este punto en el Pacto Social parece presagiar la paz urbanística, o al menos una tregua entre empresarios y Gobierno, aunque la iniciativa adoptada por este último de recalificar El Corvo con un 90% de vivienda protegida sigue coleando. De hecho, la propuesta de diciembre del Gobierno para el acuerdo social con empresarios y sindicatos incluía un apartado que aludía al «fomento de un desarrollo urbano sostenible, la innovación y el ahorro energético» [¿la ecociudad?], alusión que ahora desaparece en el actual documento por exigencia de los empresarios.

Ayudas específicas

Otros cambios significativos para la construcción son la «elaboración de un paquete de medidas económicas para hacer frente a la situación de desplome, que contribuya al mantenimiento del empleo y de la actividad económica del sector», compromiso que no existía tampoco en diciembre. Por último, el texto del pacto define como prioridad (nueva, ya que en anteriores documentos no estaba) la «colaboración para posibilitar la salida al mercado del stock de viviendas construidas y usadas».

La elaboración de una ley, «en la que se configurará el modo de participación y compensación de los agentes sociales y económicos más representativos de La Rioja para la defensa de los intereses que les son propios y su contribución responsable al desarrollo económico», es la otra gran novedad respecto a la propuesta de diciembre de pacto social, cuando simplemente se hacía una alusión a la conveniencia de estudiar una fórmula para regular la financiación de los agentes económicos y sociales.

Hasta ahora, el Gobierno, mediante la firma de convenios individuales anuales, aportaba diferentes cantidades económicas para las organizaciones, pero la firma prevista para finales del 2008 aún no se ha producido.