Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ellos riojanos

Los representantes de 22 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez Baltasar Garzón una relación con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 desaparecidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista.

Este censo, cuyo valor es sólo orientativo, es la clave sobre la que Garzón decidirá si la investigación es competencia de la Audiencia Nacional. Decisión que es previa a cualquier solución que se pretenda dar a la localización de cadáveres en las miles de fosas comunes cuya existencia se conoce o sospecha, y a la exhumación e identificación de los restos.

La lista, la primera de este tipo en España, incorpora unos 3.500 nombres nuevos a un censo anterior gracias a la información proporcionada en las dos últimas semanas por los gobiernos de Galicia y País Vasco. La cifra de desaparecidos aumentará en los próximos días gracias a que varias instituciones a las que el magistrado ha pedido datos ya han comenzado a remitirlos o se han comprometido a hacerlo en breve. Entre ellas, el Gobierno de Asturias y los Ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Granada y Sevilla.

Andalucía y Valencia

El listado entregado a Garzón recoge datos de todas las comunidades, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos, y Valencia, con 28.892, que suman casi la mitad del censo. El documento también tasa en 15.269 los desaparecidos en Castilla y León; en Extremadura llegan a 10.266; Aragón, 10.178; País Vasco, 9.759; y Castilla-La Mancha, 7.885. Con cifras inferiores a los 5.000 desaparecidos están Galicia (4.396), Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), y Baleares (1.777). La lista la cierran Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; el área de Ceuta, Melilla y el norte de África, con 457, y Canarias, con 262.

El juez, antes de dictar un auto sobre su competencia para investigar, espera recibir los datos que ha reclamado a distintos obispados, al abad del Valle de los Caídos, a tribunales de justicia, a numerosas instituciones, archivos públicos y privados, y a registros de la Administración.

La Fiscalía de la Audiencia adelantó que considera que Garzón no es competente para investigar estos hechos, y es de prever que se opondrá a una potencial apertura de diligencias penales.