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P. HIDALGO
Viernes, 5 de septiembre 2008, 02:21
Hay cuerpos sin descanso y almas que vagan por territorios extraños siete décadas después de su brutal sacrificio. Son los fusilados durante la Guerra Civil y el régimen franquista, que hoy se hacen más presentes gracias a la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones de miles de opositores al alzamiento militar, si bien para sus familias nunca cayeron en el olvido.
La presidenta del Foro por la Memoria en La Rioja, Montserrat García Hernáez, asevera que en la región contabilizan al menos 30 represaliados aún en paradero desconocido. «Conocemos cuatro casos de Hormilla, Nájera y La Rioja Baja, a lo que se añade la existencia de una fosa común en el término de Logroño con 26 cuerpos», concreta. En este último caso, las pistas les llevan a pensar que los asesinados yacen en el camposanto de la capital, o bien en las inmediaciones de una tapia que se derribó en la carretera a Laguardia.
Pide que Garzón ahonde en el proceso, ya que «por justicia y por moral» las familias tienen derecho a recuperar los cuerpos de sus abuelos, padres o tíos, a los que sus ideales próximos a la República y un tiro en el pecho o en la sien los retiró de su lado.
«Nos está llamando mucha gente con información sobre fosas», relata, lo que puede dar inicio a un proceso en el que los historiadores buscan datos y los arqueólogos realizan catas de terreno para desenterrar macabros testimonios del odio que inundó este país hace más de medio siglo.
Apoyo estatal
«Más que una Ley de Memoria Histórica, lo que los familiares de las víctimas reclaman es justicia, que se hallen los cadáveres y que el Estado realice los estudios de ADN, dado su elevado coste», insiste la mujer.
Al hablar de exhumaciones, a Montserrat se le eriza la piel. Y es que aún recuerda la recuperación de más de una decena de cuerpos de una fosa en el cementerio de Viguera en el 2006. «Estaba allí para prestar apoyo psicológico a las familias y me tuve que retirar», confiesa. «Era muy fuerte comprobar cómo estaban los cuerpos, machacados, con tiros en la nuca, cuando muchos eran chiquillos de apenas 18 años...», continúa.
Reclama que ese doloroso episodio de nuestra historia no se vuelva a repetir, para lo que considera fundamental que «Garzón penalice lo que tenga que penar, para que se acabe este sufrimiento de una vez».
Y ante las voces que abogan por no reabrir viejas heridas, García responde que «un país que no reconoce su historia, por negra que sea, está condenado a repetirla».
Así, desestima los juicios de jueces y fiscales que sostienen que los crímenes han prescrito, puesto que «mientras que haya personas desaparecidas, los asesinatos no pueden prescribir». «En La Rioja aún viven ciudadanos que denunciaron a vecinos o estuvieron presentes en fusilamientos; por su edad, no se les va a encarcelar, pero sus víctimas merecen descansar en paz». Y es que, pese al paso del tiempo, García asegura que «muchas familias siguen marcadas en los pueblos como 'rojas' y tienen derecho a que sus parientes no pasen a la posteridad como delincuentes».
La «buena actuación» del juez Garzón en los casos de las dictaduras de Chile y Argentina abre un abanico de esperanzas para la presidenta del Foro. En primer lugar, para que «en algunos pueblos la gente pierda el miedo a denunciar casos»; en segundo para que «se restaure la honradez y la integridad de los ajusticiados», pero sobre todo, para que sus allegados puedan cerrar este desgarrador capítulo de sus vidas.
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