La CPAR denuncia la adjudicación «a dedo» de la ecociudad e insiste en el «pelotazo urbanístico»

La Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) acusó ayer al Gobierno riojano de adjudicar a «dedo» la ecociudad del Monte El Corvo. «Si bien es lícito que alguna empresa pueda participar -señaló el secretario general de la patronal constructora, Juan Ramón Liébana-, este proyecto ha sido ideado en un absoluto oscurantismo, sin concurso público y sin publicidad». «¿Acaso no genera suspicacia -se preguntó- que unos terrenos comprados a precio de suelo rústico, de la noche a la mañana, alberguen casi 3.000 viviendas?».

La CPAR coincidió ayer con el concejal logroñés Miguel Gómez Ijalba en que la ecociudad es «un pelotazo urbanístico» y aseguró que «sólo responde a un afán personalista del presidente de La Rioja y a una estrategia de confrontación con el Ayuntamiento y con la representación empresarial del sector». Liébana llegó incluso a preguntarse si «hay intereses particulares de Sanz o de algún consejero en la adjudicación a dedo de este proyecto». Los constructores insistieron en que «es una barbaridad edificar 3.000 viviendas en una zona de terrenos rústicos de especial protección por su valor ecológico y, por tanto, protegidos por el Plan General Municipal dado su interés paisajístico».

«No entendemos -agregó el secretario general de la CPAR- cómo el Gobierno de La Rioja justificó su rechazo a la delimitación de los nuevos sectores de Logroño en que no había estudios de impacto ambiental y ahora se permita levantar 3.000 viviendas en terrenos protegidos». La CPAR denuncia asimismo que «el Gobierno prefiere sacar adelante un pelotazo urbanístico interesado en lugar de desarrollar el PGM con las 10.000 viviendas pactadas y distribuidas por toda la ciudad, de las que 5.000 serán protegidas». En este sentido, aseguran los constructores, «es una barbaridad urbanística y ecológica este decisión cuando Logroño tiene gran cantidad de suelo urbanizable que, tras cuatro años mareando la perdiz, sigue sin desarrollarse». Liébana fue más allá al intuir que «con la tramitación de estas 3.000 viviendas creemos que el Gobierno se negará ahora a delimitar las 10.000 viviendas en el suelo residencial que estaban pactadas, lo que supone un cambio radical y unilateral de las reglas de juego que tendrá unos efectos brutales sobre el empleo en un sector que, como todos sabemos, no atraviesa su mejor momento».