25 años de impunidad

Hoy se cumple un cuarto de siglo del inicio de la matanza perpetrada por la Falange libanesa en los campos de refugiados de Beirut Oeste. Sus autores no fueron nunca llevados a juicio. Las familias jamás recibieron ayuda. Ni respuestas. Siquiera se sabe cuántos muertos -¿800, 3.000..?- yacen en las tumbas colectivas que se improvisaron para enterrar con ellos una de las carnicerías más brutales del siglo XX.

Nawal Abu Rudaina dice que los centenares de niños, de ancianos y de mujeres que fueron despedazados en las 40 horas que duró el aquelarre de sangre de Sabra y Shatila, siguen «pidiendo justicia desde las fosas comunes» a las que sus cuerpos fueron arrojados como si se tratara de perros. Que siente clamar a su padre, asesinado de un tiro con silenciador, a su cuñado y también a su hermana, que tal noche como la de hoy, un 16 de septiembre pero de 1982, fue abierta en canal en su séptimo mes de embarazo por tres milicianos de la Falange Cristiana Libanesa rabiosos como lobos, que luego se ensañaron con la criatura que nunca llegó a nacer.

Nawal saca de un álbum ajado una foto de los suyos, descolorida de tanto acariciarla con las yemas de los dedos tocados de besos tristes, y dice que gritan. Pero nadie les escucha. Han pasado 25 años de una de las carnicerías más brutales del siglo XX y en su vecindario de Shatila ninguna familia ha recibido una ayuda, un reconocimiento balsámico. «Nada». Siquiera hay un cómputo serio de muertos a los que dar una sepultura decente, como si se hubiera tratado de una catástrofe natural. Puede que fueran 470, como concluyó el llamado 'Informe Germanos', la investigación oficial libanesa que jamás llegó a publicarse. Palestinos y libaneses, pero también de otras tres nacionalidades árabes más Irán. O entre 800 y 1.000 como aseguraron la CIA y el Mossad israelí. O hasta 3.000, como coincidieron en calibrar testigos, los sanitarios, los reporteros, los supervivientes. Al fin y al cabo, las excavadoras con letras hebreas hicieron bien su trabajo demoliendo casas sobre los cadáveres retorcidos para perder entre los escombros sus restos -y de paso las pruebas-, y nunca fue posible documentar el destino de los cientos de prisioneros que fueron sacados en camiones del Ejército israelí del estadio Camille Chamoun -«el estadio de pesadilla», diría el periodista Robert Fisk- para desaparecer por siempre.

Pero lo que sigue matando en Sabra y Shatila, una muerte colectiva y lenta, enferma de olvido y desesperación macerada en la miseria, es que nadie ha pagado por ello. Ni un solo responsable se ha sentado en un banquillo para rendir cuentas de lo que ocurrió en los arrabales de Beirut Oeste entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, tres meses y medio después de que -mandadas por el entonces ministro de Defensa Ariel Sharon- tropas de Israel invadieran un Líbano en plena guerra civil para auxiliar a los falangistas libaneses (Kataeb) en su objetivo de expulsar del país a la OLP de Yasser Arafat, en la que la derecha reconocía entonces una auténtica amenaza demográfica, política por su condición de musulmanes y militar por su alianza con las fuerzas izquierdistas.

Pero la venganza se desataría con el asesinato nunca esclarecido del insigne dirigente del Kataeb el día 14, según las crónicas y los historiadores, en una matanza sistemática de dos días y tres noches perpetrada por hombres de la Falange y las fuerzas leales a Israel de Saad Haddad, mientras los soldados judíos taponaban las salidas de los poblados para impedir la huida de sus habitantes e iluminaban el escenario de la carnicería con potentes reflectores. «Hoy no me parece posible que podamos lograr un juicio». Es la verdad sincera, 25 años después, del abogado y candidato a la presidencia del Líbano Chibli Mallat, el hombre que, en representación una treintena de familias de víctimas -una de las cuales perdió 40 miembros en la matanza- presentó junto a dos colegas libaneses el 18 de junio del 2001 ante los tribunales belgas una demanda que el 12 de febrero del 2003 se traduciría en un espejismo de victoria. Sharon, fallaba el Tribunal Supremo de Apelaciones, podría ser juzgado por crímenes de guerra una vez fuera de su cargo, entonces el de primer ministro de Israel. La defensa invocó la llamada 'ley antiatrocidad' de 1993, que permitía a la Corte de Bélgica enjuiciar a extranjeros por crímenes contra la Humanidad, y el Derecho Consuetudinario Internacional, el mismo instrumento jurídico que el Estado hebreo reclamó cuando juzgó al nazi Adolf Eichman. Fue la ilusión de un triunfo, con el informe de la llamada 'comisión Kahan' de fondo. La investigación oficial israelí que en 1983 ya declaró a Arik «responsable indirecto» del apocalipsis de Sabra.